Ya está. La sentencia del procés ha sido borrada. Ahora sí que hay que jurar que ocurrió lo que ocurrió. Aquella sentencia, dictada por unanimidad por el Supremo trazaba un relato de lo ocurrido que ha sido fulminado por el Gobierno a golpe de decreto. Eso es lo más sangrante de lo que denuncia el Juez Pablo Llarena en un auto demoledor para el Gobierno.
En ese auto, Llarena establece las consecuencias de la reforma del Código Penal que ha entrado en vigor para los procesados en la causa declarados en rebeldía, Carles Puigdemont los ex consejeros Antonio Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republica de Cataluña, Marta Rovira.
El juez interpreta que la reforma de Pedro Sánchez para favorecer a sus socios independentistas obliga a retirar el delito de sedición y dejar la acusación en una mera desobediencia un tipo delictivo que no conlleva penas de prisión. Sí mantiene intacta la acusación de malversación y ahora les explicamos las razones jurídicas y las consecuencias que puede tener para los acusados.
En ese auto hay una marca histórica más profunda. Es la palabra despenalización. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez con la complicidad de sus socios independentistas, despenalizar el procés. Despojar al Estado de toda herramienta penal para castigar el golpe de 2017 más que como una pura desobediencia y ya veremos si como una malversación de fondos públicos.
Como es normal, Carles Puigdemont estudia ya cuál es el mejor momento para regresar a Cataluña. Su abogado, Gonzalo Boye, un hombre que vive en permanente desafío al Estado español es hoy un hombre feliz que hace cuentas con el calendario.
Puigdemont ya no está siendo perseguido por sedición, porque la sedición ya no existe en el ordenamiento jurídico español. El Tribunal Supremo está rehaciendo la sentencia del procés porque sencillamente ha sido fulminada. El esperado auto de Llarena es una declaración de impotencia. El instructor considera que los hechos imputados al ex presidente catalán no son subsumibles en el delito de desórdenes públicos agravados. Una simple desobediencia, eso es lo que se le imputa a Puigdemont por lo que hizo. Recuerden que declaró la independencia de Cataluña. Pablo Llarena en cambio sí que mantiene la acusación por malversación, sin rebajas.
El argumento jurídico es que si uno roba dinero puede comprarse un Ferrari o hacerse una república, pero antes ha de apropiarse de la pasta. O sea que eso del enriquecimiento es muy relativo, ¿por qué va a ser menos capricho un ático en Estepona que una república en Cataluña?
El Supremo está ahora tratando de afinar este argumento para mantener la inhabilitación de Oriol Junqueras y del resto de condenados por malversación pero, a ver si es posible, porque es verdad que la malversación tenía como fin la comisión de un delito que ya no existe.
El resumen vuelve a ser la palabra despenalización. Que es la que utiliza Llarena para describir lo que Sánchez ha hecho con el procés, en una estrategia política única y exclusivamente destinada a desmantelar la sentencia que el Supremo tomó en su día por unanimidad.
Los textos, incluso los más técnicos, pueden decir más de lo que es explícito. Es fácil ver amargura en la prosa de Llarena. A ver, entiéndalo. El juez Pablo Llarena empezó a instruir el caso del procés en octubre de 2017. Tuvo que aguantar amenazas a él y a su familia. Persecución. ¿Recuerdan cuando compartieron en las redes el restaurante donde se encontraba cenando con su familia? Llarena es un juez, un leal funcionario, que pagó las consecuencias de su abnegado trabajo para proteger al Estado. Después de eso mantuvo una persecución penosa de Puigdemont y los huidos, con momentos de desazón y con momentos de desesperación. ¿Ese trabajo? No es que haya sido en vano. Es que ha sido vejado y expuesto como el culpable de que en Cataluña se quebrara la convivencia.
No, aquí lo que está pasando ni siquiera es que se pretenda recuperar la convivencia mediante la exoneración de aquellos que la quebraron. Eso al menos sería bienintencionado. Lo que ocurre, ocurre por el puñado de votos que sostienen al Gobierno y que procede de aquellos que quebraron la convivencia.
Polémicas palabras de la número dos de Igualdad
No fue un bulo ni una noticia falsa sino un vídeo sin edición en el que hablaba jocosamente de la ley del sí es sí lo que desató la polémica que ha llevado a tantas voces a pedir su dimisión. El problema no es la risa ni el chiste porque hasta las cosas más tremendas se pueden tratar así y a veces uno no transmite bien. No, el problema es esta forma de decirle a la gente que no va a asumir ninguna responsabilidad, ni va a ofrecer ninguna explicación más que el sarcasmo, por una negligencia grave que ha beneficiado ya a 169 violadores.
Es esta forma tan absolutamente arrogante de decir que no hay nada que explicar. Hoy corroborada. Todo lo que hoy hay son felicitaciones de sus compañeras y por su parte la misma actitud desafiante. Todo es un bulo.
Hoy se han notificado 20 rebajas de pena a violadores y pederastas por la ley del sí es sí.
Dimitirá. No.
La cesará Sánchez. No puede.
