Es distinto comerciar con un país que colocarlo en el centro del universo permitiéndole organizar el más fenomenal acontecimiento de propaganda concebible, sólo quizás después de unos Juegos Olímpicos. El balón rueda en Qatar, igual que antes rodó en Rusia y ya vemos cómo el ser sede del Mundial impulsó la agenda de derechos humanos de Putin.
Hasta el momento han cedido más todas las naciones presentes que Qatar, aunque solo sea porque el presidente de la FIFA ya les ha endosado uno de esos discursos del clásico tonto occidental acerca de la penitencia de Occidente. Esas peroratas turulatas que solo pretenden justificar la pura y dura corrupción, moral y de la otra, que supone haber elegido como sede del Mundial un país que jamás ha participado en un Mundial.
No habrá brazaletes con el arcoíris, no habrá cerveza, no habrá nada que perturbe el rigorismo wahabbi que, cuando todo esto termine, seguirá sojuzgando a su población.
Ley de maltrato animal
Vamos con la actualidad, que el tiempo apremia. Luego no podrán decir que no les han avisado. El nuevo fiasco legislativo del Gobierno se llama Ley de maltrato animal. Ese texto ha desatado el nuevo enfrentamiento del ejecutivo con el Poder Judicial. El Gobierno, en concreto el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, acusa al Consejo General del Poder Judicial de mentir. ¿Por qué? Porque estudiará un informe en el que analiza el anteproyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal.
Veamos lo que dice ese informe del que es ponente la vocal progresista Roser Bach. Dice que presenta varios problemas, entra en colisión con otras normas ya existentes, dice que no consigue los objetivos que declara en el preámbulo y… he aquí lo más asombroso: compromete el principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido? Porque en determinados podría ocurrir que las penas previstas por maltratar a un animal sería mayor que la que se contempla por maltratar a una mujer.
Esto lo dice el informe de Roser Bach. En caso de ser así el despropósito es evidente, un nuevo caso de legislación ebria. Porque habrá quien diga, hombre, es que hay que tratar a los perros como si fueran humanos. No se dan cuenta de que en realidad lo que están defendiendo que se trate a los humanos como si fueran perros.
El ministerio de derechos sociales, impulsor del anteproyecto de ley y al que que asiste el beneficio de la duda, dice que todo es un bulo
Informe que el Pleno del CGPJ estudiará el jueves
Veamos qué dice el ministerio de derechos sociales, impulsor del anteproyecto de ley y al que que asiste el beneficio de la duda. Dice que todo es un bulo. Y que la ponente se está equivocando y confundiendo todo, porque lo que hace la ley es establecer nuevas penas por violencia vicaria con mascotas. Es decir, para quien maltrata a un animal para hacer daño a su legítima dueña. Y en ese caso, como se hace daño al animal y también a la persona, la agresión está más penada.
En cualquier caso, hay un informe crítico que el Pleno del CGPJ estudiará el jueves y si algo ha demostrado la reciente historia, conviene atender a los informes de los expertos cuando se está tramitando una ley, no vaya a ser que esta tenga luego efectos inesperados. Hace tres meses, en el canal 24Horas, la ministra Ione Belarra defendía su anteproyecto
Están defendiendo que se trate a los humanos como si fueran perros
Decía que conviene leer los dictámenes expertos para luego no llevarse sorpresas con los efectos inesperados de una ley. Hoy la jueza de guardia de Podemos, Victoria Rosell, ha encontrado un nuevo parapeto para huir de la responsabilidad por la reducción de penas a los violadores en virtud de la ley del Sí es sí.
El ministerio de Justicia sería corresponsable y seguramente tiene razón. Veremos qué dice su titular, Pilar Llop cuando se incorpore al trabajo tras su convalecencia por el Covid. Por de pronto todos siguen esperando a que se pronuncie el Supremo.
Mientras tanto y cuando continúan presentándose recursos por las defensas y continúan las decisiones que permiten aliviar las penas a delincuentes, la Fiscalía General del Estado ya ha emitido una orden a todas las fiscalías. Para que, al contrario de lo que está ocurriendo, las fiscalías se opongan a la reducción de las penas de los violadores condenados en firme.
