El Gobierno y sus grupos parlamentarios andaban alertando de que se había a producir el hecho inaudito de que los jueces parasen una votación parlamentaria.
PSOE, Esquerra y Bildu unidos para acusar al PP de Golpe de Estado por recurrir al Tribunal Constitucional para defender sus derechos, que son los derechos de sus representados, o sea de todos los españoles.
Al final lo único que ha ocurrido es que la mayoría de Gobierno, ha modificado leyes sensibles que afectan a las garantías constitucionales, saltándose los procedimientos y el más mínimo decoro parlamentario.
Hoy se ha aprobado la impunidad para el procés con la reforma del Código Penal y la modificación necesaria para voltear en favor los equilibrios en el Tribunal Constitucional.
Mediante enmiendas, mediante atajos parlamentarios, prescindiendo de cualquier informe… Miren, hoy pocos dudan de que las dos enmiendas que modifican por la puerta de atrás la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional son anticonstitucionales. Sin embargo cuando la oposición recurre al órgano de garantías para impedir que se vulneren sus derechos, el gobierno denuncia una especie de golpe de estado comandado por los jueces.
Claro, se siente legitimado, justamente legitimado cuando alguien como el socialista Felipe Sicilia compara al Tribunal Constitucional con Tejero
A ver si les explicamos de manera inteligible lo que está ocurriendo. El Congreso ha dado luz verde a derogar la sedición, rebajar la malversación y reformar la ley del Poder Judicial y del TC.
El Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional para que frenase la votación de hoy, que pretende trastocar leyes orgánicas mediante enmiendas y que ha impedido que los grupos de la oposición ejerzan de forma regular sus derechos parlamentarios. Cuando se habla de que se han vulnerado los derechos de un grupo parlamentario, se habla de que han vulnerado los derechos de sus representados, que son todos los españoles.
Puigdemont iba a dar por buenos los resultados del referéndum del 1 de octubre. De ahí que hoy Puigdemont diga eso de que ahora lloran quienes ayer aplaudían.
¿Qué ha ocurrido para que el Constitucional decidiera no intervenir ahora para frenar la reforma exprés del Gobierno que trastoca el procedimiento para nombrar magistrados? No ha llegado a ninguna resolución, el aplazamiento ha sido provocado por el filibusterismo de los magistrados oficialistas, que argumentaron que necesitaban tiempo para estudiar el recurso, así que no había el quorum necesario y el presidente del TC González-Trevijano tenía que fijar una nueva fecha.
Resultado de todo ello: en una de las sesiones más broncas y desagradables que se recuerdan, entre acusaciones forzadas de golpe de estado, el Gobierno de Sánchez ha logrado sacar adelante, con su mayoría habitual, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y la reforma de la ley del Poder Judicial y del TC. Una especie de ley omnibus exprés con el doble objetivo de ofrece impunidad a los golpistas del procés y poner al Constitucional de inmediato a trabajar al servicio del ejecutivo.
