España ya tiene su ley intervencionista de la vivienda, una cuyo espíritu ha resumido desde la tribuna una de sus promotoras de originales, que es la ministra Ione Belarra. Sería muy injusto hurtarle la gloria a Belarra en esta hora crucial porque la ley está recorrida por las ideas de Podemos sobre la propiedad privada, la okupación o el papel del Estado. A pesar de que este fue un impulso original de Podemos, Pedro Sánchez le ha brindado la ley a sus socios de Esquerra y Bildu para que abanderen el texto y la presenten ante su electorado como un éxito. Así que las ideas sobre la propiedad privada, la okupación y la intervención del Estado de Bildu, Esquerra y Podemos, hoy asumidas y celebradas por el PSOE, serán las que guíen la política de vivienda en España, lo cual no deja de ser muy tranquilizador.
Finalmente el PNV se ha descolgado de la mayoría parlamentaria que ha alumbrado la ley de vivienda, porque dice que este texto promueve una invasión competencial. Esta es uno de las excusas más recurrentes del PNV cuando no quiere aprobar una ley. Como si esto fuera lo peor que tiene esta ley que se ha aprobado. Se trata de una ley que impone todo tipo de cargas al propietario que legítimamente recurra a la Justicia para que se cumpla el contrato de arrendamiento que libremente ha firmado su inquilino. De ahí que se pueda decir que lo peor de esta ley es que ataca todos los fundamentos de la propiedad privada, porque carga sobre los legítimos propietarios una responsabilidad que en cualquier caso debería asumir el Estado, como es la de proveer de una vivienda digna a cada español.
Dicen que la okupación no es un problema. Sobre todo porque quien emplea el argumento de que la okupación es una especie de espectro que saca a pasear la derecha es quien está empleando la caricatura. El problema no es el okupa de «anarquía y cerveza fría», sencillamente que se incrementan los riesgos para un propietario que decida alojar a alguien en régimen de arrendamiento. Porque la desprotección es total.
Ante un litigio con un inquilino que deje de pagarle, toda la carga de la prueba recae sobre el propietario, que ha de acreditar si su inquilino tiene una economía vulnerable, si es habitante habitual de la vivienda, todo después de acreditar que él mismo no es un gran tenedor. O sea que el proceso se dilata de tal manera que sólo a un fondo de inversión le va a salir a cuenta asumir los riesgos. O, lo que va a ocurrir, es que aquellas personas que tienen una posición más humilde verán restringido su acceso a una vivienda de alquiler, porque para minimizar riesgos el casting sea tan minucioso que excluya a cualquier perfil que se pueda considerar problemático.
Porque un propietario no tiene por qué ser Blackstone ni ninguno de estos fondos que los ornitólogos de Podemos conocen como fondos buitre. De hecho estos fondos son los que van a poder asumir el riesgo de arrendar una vivienda. El problema lo tiene el pequeño propietario que no podrá desalojar a un inquilino moroso porque recae sobre él una responsabilidad que sencillamente no le corresponde.
Esto que decía Sánchez es cierto. Una nueva política de vivienda. Tanto que como se descuide termina reinventando el Estado de las autonomías. Porque es que encima la celebración por la ley viene sazonada con amenazas a todas aquellas comunidades y municipios que no quieran sumarse a la fiesta intervencionista.¿A qué se refiere el gobierno cuando dice que va a obligar a las Comunidades a cumplir? ¿A que ha centralizado las competencias municipales y autonómicas sobre vivienda? Porque esto de la limitación del precio del alquiler lo asumirá quien todavía crea que eso va a provocar otra cosa que escasez y carestía, pero el gobierno central no puede obligar a nadie. Le respondía Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular.
Puede que usted esté pensando que qué más da que si Don Juan Carlos tiene una hija que ha mantenido en secreto durante todos estos años ¿por qué no dejan en paz a uno y a otra? Pues porque es una cuestión de Estado. En sentido estricto. Ustedes saben que la genealogía y la genética tienen un papel esencial en la Monarquía, no en vano es lo que ordena la sucesión al trono. De manera que conocerse que el Juan Carlos I tiene otra descendencia que la conocida por todo es algo que afecta no a la persona sino a la institución. En ese sentido, todos los que dicen que este es un asunto privado de don Juan Carlos, que es una forma de sacudirse el problema, sencillamente se equivocan.
El Confidencial ha dado a conocer el adelanto de un libro de estos dos autores, que revelan no sólo la existencia de una hija más de Don Juan Carlos, sino también su identidad. Se trataría de Alejandra de Rojas y su madre sería la condesa de Montarco, con la que el Rey mantuvo una relación hace muchos años. Dice la información de El Confidencial: «Esta cuarta heredera llegó al mundo a finales de los setenta, principios de los ochenta. Se llama Alejandra, está casada, tiene un hijo y nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio. Creció ignorando quién era realmente su padre y, cuando por fin lo averiguó, optó por seguir actuando como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos».
