El tema del Gabinete es el escándalo de los ERES de Andalucía, una trama de corrupción que desvió 9 millones de euros desde una partida de la Junta de Andalucía a empresas que realizaban ERES en ellas. Han sido alrededor de 25000 trabajadores, más empresarios y 72 intrusos los que se vieron beneficiados de esta partida. Hoy la Juez que instruye el caso, Mercedes Ayala, ha encargado la prisión incondicional y sin fianza del tercer imputado en la trama, Antonio Fernández, exconsejero de empleo de Andalucía; después de que lo hicieron en marzo el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo.
El Gobierno empezó a tomar cartas en el asunto hace un año, después de que el Partido Popular lo denunciase. En lo que se refiere a la devolución del dinero se ve difícil, se ha pedido a 56 intrusos que devuelvan el dinero y la fiscalía tiene localizados tres de los nueve millones.
Elisa Beni, después de haberse leído el auto del caso, cree que existen dos apartados. El primero es el de la corrupción, que debe de ser investigado hasta el final bajo su punto de vista; y el segundo apartado es que se trata de un fondo ilícito, es decir, que la instructora quiere apelar a que se trata de un fondo ilegal, aunque parece que estaba recogido en los presupuestos, donde iba a parar el dinero.
Antonio Naranjo hace una lectura política del asunto. Él se pregunta ‘cómo es posible que en una comunidad como Andalucía, donde el PSOE ha sido el que ha defraudado, vuelva a ganar las elecciones’, esto también se lo pregunta de otras comunidades como Valencia o Mallorca.
Lucía Etxebarría habla de la tolerancia de la corrupción ‘son nuestros corruptos’, aunque no lo defiende. Esta es la explicación que da ella a la pregunta que se hacía Naranjo.
Sobre el tema de la prisión incondicional de Antonio Fernández, Elisa Beni no se encuentra de acuerdo ya que cree que los argumentos utilizados por la jueza son ‘curiosos y no entiende la medición de los tiempos. Naranjo, en respuesta a Elisa, opina que se tiene que presuponer que lo que dictan los jueces es legal.
