En una entrevista con Efe con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo miércoles, 25 de noviembre, la titular de Igualdad descarta multar a los "puteros" porque "no sirve para que haya menos".
"En nuestro país ya existe la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución, eso lo introdujo el Partido Popular en la Ley de Seguridad Ciudadana, y no está sirviendo para que haya menos puteros. (...) Las medidas más urgentes y que mejor nos pueden permitir luchar contra la explotación sexual tienen que ver con atajar el origen: la impunidad de la industria proxeneta".
Irene Montero garantiza que este Gobierno va a ser "el que más lejos va a llegar" en la lucha contra la explotación sexual, con "medidas contundentes", para poner fin a la impunidad de la "poderosa" industria proxeneta y acabar con la "absoluta desprotección" de las mujeres víctimas y en contextos de prostitución.
A través de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Ejecutivo pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, esto es, alquilar locales donde se explota a mujeres.
"Creo que vamos a ir más lejos que cualquier gobierno en esta materia. Acabar con la impunidad de la industria proxeneta, a pesar de saber que son personas muy poderosas, a las que nadie ha tocado y
que han permanecido en la impunidad siempre. Y, por otra parte, garantizar los derechos de las mujeres", subraya. Aun así, Montero reconoce que "seguramente sea insuficiente", pero estas medidas son un "primer paso necesario e imprescindible" que tiene que ir acompañado de una "vía fuerte de ofrecimiento de alternativas sociales, laborales y habitacionales" a las víctimas y del impulso de una ley de trata.
Su ministerio y el de Trabajo están "corriendo" para poder poner en marcha un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de trata y prostituidas.
Cambios legislativos que quiere abordar
La futura ley de garantía integral de la libertad sexual, que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y equiparará las violencias sexuales a la violencia de género, dará "pasos significativos" a finales de año o principios de 2021. A Montero no le "cabe duda" de que recibirá un respaldo mayoritario del Parlamento pues se trata de una norma que protegerá "a las mujeres de todas las formas de violencias machistas", pese a lo que espera que la extrema derecha la cuestione y la niegue.
Otros cambios legislativos que quiere abordar es la modificación de la ley del aborto, tanto para derogar la reforma del PP de 2015 -y permitir a las jóvenes de 16 y 17 años poder interrumpir el embarazo sin necesitar el consentimiento de sus padres- como para mejorar la educación sexual y reproductiva, y reconocer la explotación reproductiva, los vientres de alquiler, como una forma de violencia machista.
En este sentido avanza que se prohibirá la publicidad de aquellas empresas que anuncian una práctica que está prohibida en España.
Futura ley trans
Otro de los proyectos más importantes del Ministerio de Igualdad es la futura ley trans, cuyo objetivo es despatologizar la transexualidad (que no haya que declararse enfermo para el cambio de género), avanzar en la autodeterminación del género, eliminar trabas burocráticas, hacer los procedimientos más ágiles y atender los derechos de los niños y las niñas trans.
Son medidas alineadas, asegura Montero, con los organismos internacionales. "Las personas trans existen desde siempre y de lo que se trata es de decidir si queremos que vivan con derechos o sin derechos. Y la respuesta del Gobierno es unívoca: queremos que vivan con derechos", dice Montero, que insiste en que la sociedad española tiene una deuda histórica con este colectivo cuyos derechos son vulnerados.
