REFERÉNDUM ILEGAL

El Govern rectifica y avalará las fianzas del Tribunal de Cuentas a través del ICF

El conseller de Economía ha afirmado en el pleno del Parlament que usarán esta vía tras recibir "llamadas" de cargos del Institut Català de Finances (ICF) dispuestos a colaborar y ante la negativa de todos los bancos de formar parte de la operación.

Agencias | ondacero.es

Madrid | 21.07.2021 10:41 (Publicado 21.07.2021 10:40)

El conseller de Economia, Jaume Giró, ha anunciado este miércoles que finalmente el Institut Català de Finances (ICF) actuará como avalador para que el Govern pueda pagar las fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas pide a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos relacionados con la promoción exterior del 'procés'.

El anuncio de Giró llega un día después de que él mismo explicara que renunciaban a utilizar el ICF para poner en riesgo a los trabajadores públicos pese a que así lo contemplaba el decreto ley sobre la creación de un Fondo Complementario de Riesgos, para cubrir las citadas fianzas.

El conseller ha asegurado en el pleno Parlament que ha recibido "llamadas" de cargos de organismo dispuestos a colaborar y tras reunirse esta mañana con el president Pere Aragonès, ha decidido acordar la activación del Institut Català de Finances ante la falta de una entidad financiera dispuesta a avalar el citado fondo.

"Mis palabras de ayer sirvieron de algo. He recibido llamadas estas últimas horas de gente del ICF que me ha pedido por favor que por ellos no quede, que usemos la disposición tal como esta prevista por el decreto. Y esto es lo que haremos", ha dicho.

El fondo contaba con una dotación inicial de 10 millones

El 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación de un fondo, bajo el nombre Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El Ejecutivo catalán consideraba que las actuaciones investigadas por el tribunal estaban dentro del ejercicio del cargo y las competencias estatutarias en política exterior, y la libertad de expresión.

El mecanismo consistía en que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del fondo. Además, la 'caja de solidaridad' del procés aportará 1,2 millones de euros y los partidos, a través de donaciones particulares, abonarán el resto, por si el mecanismos del Govern no funciona.