El marco jurídico vigente dispone de procedimientos distintos para situaciones como el drama de Ceuta. Por un lado, la actual Ley de Extranjería abre la puerta a que los extranjeros "que pretendan entrar ilegalmente" en España puedan pedir "protección internacional", es decir, asilo político.
Frente a esto, el acuerdo que firmaron España y Marruecos, que entró en vigor en 2012, posibilita la entrega inmediata de los inmigrantes irregulares al país vecino, eso sí, con ciertas garantías.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría reconoció en el último Consejo de Ministros "alguna deficiencia" en la aplicación del marco normativo. Así, la idea del Gobierno es enviar urgentemente un texto al Congreso la quinta Ley de Extranjería desde el año 2000.
