El decreto tiene como objetivo la defensa y respeto de los derechos humanos y la salvaguardia de las instituciones democráticas. Ha nombrado, además, a siete miembros de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, la Policía y Judicatura, como responsables de la persecución a los opositores.
Los bienes de estos miembros serán congelados y se les prohibirá usar los bancos estadounidenses y sus filiales para realizar operaciones financieras.
Obama ha dejado claro que este decreto no tiene como objetivo castigar a los venezolanos, ni va dirigido hacia la economía de Caracas, sino que se ha llevado a cabo a consecuencia de las decisiones tomadas por el Gobierno de Maduro, en contra de los manifestantes, muchos de los cuales han sido detenidos sin que les sean garantizados sus derechos civiles y personales.
