La Sala de lo Civil y Penal del TSJ se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.