Correa y 'El Bigotes', cabecillas de la trama Gürtel, condenados a entre 12 y 13 años de cárcel por amaños de Fitur

La sentencia sobre los contratos de la Generalitat con una empresa de la trama Gürtel para el expositor valenciano en Fitur, que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, llega a los ocho años de iniciarse el caso Gürtel y casi un año después de acabado el juicio.

Los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Alvaro Pérez y Pablo Crespo han sido condenados a penas que oscilan entre los 12 y los 13 años de prisión en la pieza 3 del caso relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

La sentencia recoge para Francisco Correa, 13 años de prisión en total: 3 de ellos por asociación ilícita (además de 13.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación); un año de cárcel por tráfico de influencias y multa de 3,9 millones de euros; otros 6 años de cárcel por malversación de caudales públicos y 10 años de inhabilitación absoluta y 3 años más de cárcel, multa de 500.000 euros y 8 años de inhabilitación especial por cohecho activo.

Para Pablo Crespo, la pena es de 13 años y 3 meses por los delitos deasociación ilícita (2 años y 6 meses de cárcel, multa de 11.250 eurosy 7 años y seis meses de inhabilitación); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación).

A Alvaro Pérez, 'El Bigotes', le cae una condena de 12 años y 3 meses de cárcel por asociación ilícita (18 meses de prisión y multa de 11.250 euros); tráfico de influencias (1 año de prisión y multa de 3,9 millones); malversación de caudales públicos (6 años de prisión y 10 años de inhabilitación); falsedad documental (1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros) y cohecho activo (2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial).

Por su parte, Milagrosa Martínez, exconsellera 'popular' de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes, ha sido condenada a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo, mientras que para su exjefe de gabinete Rafael Betoret la condena es de seis años de cárcel.

El origen de toda esta causa es la investigación que hace ocho años, en febrero de 2009, inició el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba principalmente en Madrid y Valencia.

El denominado caso Gürtel, por la traducción al alemán del apellido de uno de los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa, llegó al TSJCV en mayo de 2011, tras la inhibición del TSJ madrileño, al que la Audiencia Nacional había remitido la causa por haber aforados en su Asamblea.

El TSJCV dividió la causa en tres piezas: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante los comicios generales de 2008, y sobre los contratos para Fitur de 2005 a 2009.

En febrero de 2013, el TSJCV abrió tres piezas más, referidas a las contrataciones de RTVV para la visita del papa en 2006, a las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur), y a supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market derivadas de las piezas una y dos.

La instrucción de la pieza sobre los contratos de Fitur fue la primera en acabar, en diciembre de 2012, si bien el juicio no comenzó hasta el 31 de marzo de 2015, a pesar de que la vista oral se había fijado para un año antes.

La dimisión como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas en la causa -Milagrosa Martínez y Angélica Such- a pocos días del inicio de la vista oral originó un conflicto de competencias en el que se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo, que finamente estableció que debía juzgarse en el TSJCV. De esta forma, el juicio comenzó finalmente el 31 de marzo de 2015, aunque se suspendió al día siguiente a petición de las defensas para que pudieran examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.