Según ha podido saber Onda Cero, la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales, que se encontraría en estos momentos en Republica Dominicana. Sin embargo, en el marco de las investigaciones desarrolladas por la UCO, las autoridades ya habrían detenido a las siguiente personas, entre quienes se encuentran responsables de la Federación de Fútbol de nuestro país:
- Tomás González Cueto: Asesor jurídico externo, miembro del despacho G&C Legal
- Pedro González Segura: director jurídico de la RFEF
- Jota, José Javier Jiménez: director de RRHH de la RFEF
- Ramón Caravaca, retenido durante el registro de G&C Legal
- Ángel González Segura, hermano de Pedro González Segura y Director de zona sur de la empresa de arquitectura y construcción Gruconsa.
Las personas detenidas pasarán esta noche en el calabozo, y mañana serán puestos a disposición judicial. Rubiales y un amigo íntimo, sobre el también pesa una orden de detención, se encuentran en Republica Dominicana. Según informa Alfonso Pérez Medina para La Sexta, la Fiscalía solicitará la detención de Rubiales en República Dominicana si no regresa con brevedad a España. Cabe destacar que, desde el año 1981, existe un tratado de extradición entre España y el país caribeño.
Registros en la sede de la RFEF y en los domicilios
Durante el día de hoy, La Guardia Civil ha realizado varios registros en la sede de la Federación y en varios domicilios particulares para esclarecer si se han dado irregularidades en la concesión de varios contratos en los que está implicada la Real Federación de Fútbol de España. La jueza ha autorizado la entrada en once domicilios diferentes, si bien los registros de la Guardia Civil se han centrado en los despachos del Jefe jurídico de la RFEF, Pedro González Segura, y del abogado del Estado Tomás González Cueto, cercano a Rubiales.
También ha sido registrado el domicilio de Rubiales en Granada, si bien el expresidente de la Federación no ha sido detenido por hallarse en República Dominicana. Rubiales, junto al resto de presuntos implicados en el caso, están siendo investigados por el contrato con Arabia Saudí que supuso el traslado de la Supercopa de España hasta este país árabe. La investigación arrancó a raíz de una querella presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores en España contra Rubiales y Gerard Piqué, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
Esta querella también fue impulsada por el presidente de la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Galán, que acusó a Rubiales y Piqué de "acordar un plan para lucrarse con 24 millones de euros" a costa de la Federación, por presuntamente cobrar una comisión a cambio de trasladar la competición futbolística a Arabia Saudí.
La respuesta de la Federación
La RFEF ha emitido ya un comunicado afirmando que ha "ofrecido hoy toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Justicia, tras el registro de su sede".
La Federación afirma también que "ha apostado por una absoluta transparencia en la institución que dirige el fútbol en España", y considera "que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación en marcha".
"La Federación muestra su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el día de hoy y aboga por ofrecer toda la transparencia posible, haciendo honor a los valores que representa el fútbol y que deben defender sus dirigentes, debiendo ser un ejemplo para la sociedad", reza el comunicado de la RFEF.
Normalidad entre los jugadores de la Selección
A pesar de estos acontecimientos, la Federación de Fútbol ha mantenido su agenda sin aparentes cambios: el portero David Raya, convocado por la Selección Española, ha explicado que los jugadores convocados por Luis de la Fuente han entrenado con normalidad, sin enterarse de los registros que se estaban llevando a cabo por las autoridades.
Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de EUROPOL y se desarrolla en distintas provincias de la geografía española.
