De momento, nueve personas han sido detenidas entre funcionarios y técnicos externos. Los agentes han registrado la sede de ADIF en Barcelona y también de la empresa CORSAN, la constructora.
La Guardia Civil también ha inspeccionado las oficinas del gestor ferroviaro en Madrid y en presencia de los trabajadores está inspeccionando toda la documentación referida a esta obra, cuyo importe alcanzó los 68 millones de euros. Además, los agentes han visitado otras empresas y domicilios particulares. Los hechos se remontan a la licitación de las obras en el año 2007 y la fiscalía anticorrupción investiga si se adjudicaron con sobreprecio, con un precio superior al real.
La Fiscalía Anticorrupción estima que la cantidad total malversada rondaría los seis millones de euros. La principal beneficiaria de este dinero sería la constructora Corsan, y las pesquisas se centran ahora en si los funcionarios y técnicos externos de Adif implicados recibieron algún tipo de contraprestación a cambio de cubrir este fraude. De ahí que los detenidos estén acusados entre otros delitos, de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.
La investigación arrancó el año pasado, a raíz de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el tramo investigado, que une la estación de La Sagrera con el nudo de la Trinidad, en Barcelona. Tras ocho meses de diligencias, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que coordina ahora la investigación. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha puesto a su disposición toda la información de su departamento “como siempre colaborar con la administración de Justicia dándole toda la información y todo lo que tengamos”.
La constructora Corsan está integrada ahora en Isolux Corsan, compañía que también ha ofrecido toda su colaboración con la justicia. Por su parte, Adif, ha informado en un comunicado de que coopera en la investigación desde junio de 2013, e insiste en que es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos.
