En declaraciones a los periodistas, Puig ha dicho que hasta que haya una sentencia definitiva la Generalitat podrá "garantizar legalmente a todos los ciudadanos que vivan en la Comunitat Valenciana el derecho a la salud, tengan el color de piel que tengan o vengan de donde vengan".
El pasado mes de noviembre la Generalitat solicitó al TC que levantara la suspensión que recaía sobre el decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, y que fue impugnado por el Gobierno por entender que suponía una extralimitación competencial.
El Gobierno valenciano también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional el 14 de diciembre para pedir la confirmación "en todos sus extremos" del decreto ley autonómico aprobado el pasado mes de julio por considerar que no tiene "ningún vicio de inconstitucionalidad".
Ximo Puig ha destacado que la decisión del Constitucional permite prestar el servicio "sin ningún tipo de obstáculo legal" y da garantías para que la universalización de la sanidad sea una realidad en la Comunitat Valenciana.
Ha defendido que prestar atención sanitaria es una cuestión de sentido común y de racionalidad, y ha dicho que espera que más pronto que tarde el Gobierno central derogue el decreto del PP sobre sanidad universal que es, a su juicio, "absolutamente negativo para los intereses humanos de una sociedad".
La sociedad valenciana, ha declarado, "no entiende" que no se pueda atender a una persona por razón de origen. "No es una cuestión de papeles, es una cuestión de dignidad y de derechos humanos que los valencianos asumimos como propia", ha agregado.
Ha insistido en que los médicos y los centros públicos "ya no tienen que tener ningún tipo de obstáculo" para la atención a inmigrantes.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha explicado que durante el tiempo de suspensión del decreto ley valenciano que devolvía la sanidad universal se aplicaron unas instrucciones ya existentes, lo que "blindaba" la cobertura sanitaria autonómica si bien no tenían rango de ley.
Esas instrucciones las aprobó el Gobierno valenciano del PSPV y Compromís para dar cobertura sanitaria a los migrantes que venían de otros países o a ciudadanos españoles que habían permanecido más de noventa días fuera del Estado español, a quienes se devolvió el SIP.
Posteriormente el Consell elaboró el decreto ley que fue ratificado por dos tercios de Les Corts Valencianes para dar "más empaque normativo" a una "medida importante" como es volver a establecer "la sanidad universal en nuestra comunidad".
El decreto ley quedó en suspensión automática por tener el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España, y hoy, con el levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Constitucional, el decreto ley valenciano entra otra vez en vigor, según ha asegurado.
Esta situación continuará de esta forma hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto o hasta que un próximo gobierno central derogue esa normativa, porque lo que ha hecho el Consell es "poner un parche a los recortes de 2012 del gobierno de Mariano Rajoy que han amargado la vida a miles de personas", según Oltra, que ha indicado que la suspensión cautelar no tiene consecuencias sobre otras autonomías.
Por su parte, la diputada autonómica de Compromís Isaura Navarro considera que el levantamiento de la suspensión cautelar sobre la universalización de la sanidad es "la victoria de los derechos humanos frente a las decisiones xenófobas y reaccionarias de un gobierno caído en desgracia".
Ha señalado que, detrás de la decisión del Constitucional, hay "un claro apoyo a las políticas de recuperación de derechos que está impulsando el Consell surgido del pacto del Botánico".
El portavoz de Sanidad del grupo socialista en Les Corts, Ignacio Subías, ha destacado la "apuesta decidida" del Gobierno de Puig "para recuperar la dignidad de los más vulnerables" a través de un decreto que garantiza la universalidad de la sanidad, aunque el PP "intentara evitarlo" presentando un recurso ante el Constitucional.
Según Subías, el PP "llevó a cabo el mayor ataque al Estado social y de derecho y al sistema sanitario público que se ha producido nunca, además de introducir copagos a discapacitados, pensionistas y dependientes".
