La juez Núñez Bolaños pide al TSJA que investigue al diputado socialista Carmelo Gómez

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso Efe, la juez considera que "existen indicios racionales de criminalidad" respecto al diputado, y por tanto aforado, quien, junto a otras seis personas más, habrían cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

La juez afirma que el contrato del parlamentario y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, que le hizo una empresa del "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, pudo ser simulado y no respondía a actividad laboral real alguna.

Añade la instructora que el dinero que cobró fue abonado con fondos procedentes de Mercasevilla "mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

En la exposición razonada, la juez incluye al exconcejal de Sevilla José Antonio García (PSOE), al exdirector de Mercasevilla, Fernando Mellet, a Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra; a Carmen Rodríguez, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y al gestor José Rodríguez López.

Gómez, de 48 años, secretario de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE-A y presidente de la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento autonómico, estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions SL durante 133 días de 2007, entre el 22 de marzo y el 1 de agosto, explica la juez.

En ese periodo cobró 4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros por rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, según la juez, que continúa una investigación iniciada por su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.

En un oficio de la Guardia Civil al que alude la magistrada, se señala que Mellet, en connivencia con Lanzas y su cuñado, abonó con cargo a Mercasevilla 70.000 euros en concepto de rendimientos del trabajo y dietas al diputado, al ex concejal y a la nuera de Rivas.

La juez afirma que los indicios de los posibles delitos "han sido refrendados por la documentación aportada, la actividad objeto de la contratación y pago del salario", y añade que los investigados han guardado silencio al ser citados, "en especial los responsables de las empresas en las que se supone que estuvo trabajando".

El exconcejal José Antonio García, por su parte, estuvo dado de alta en Al-Andalus Mass Media Chanel y la nuera de Rivas en la entidad Consulting Social Siemur, ambas del cuñado de Lanzas.

Para pagar a Gómez y a otros implicados, la juez explica que Lanzas y Mellet actuaron en connivencia con la emisión de cuatro facturas amparadas en contratos de servicio de empresas del "conseguidor".

"No existen indicio alguno que acredite que se desarrollara trabajo efectivo por las personas contratadas", concluye la juez en su exposición razonada, en la que pide a la Sala de lo Penal del TSJA que investigue el caso al incluirse a un diputado andaluz y por tanto aforado.

La juez indica que Gómez habría actuado "en íntima conexión con otras personas no aforadas", y considera que "no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación" de los que no lo son, lo que también evitaría que en este caso se dicten resoluciones "contradictorias".

Tras la exposición razonada, la juez ha dictado un auto en el que explica lo ocurrido con el parlamentario y el resto de acusados y eleva el caso al TSJA.