Hacienda ha analizado las cuentas del entramado empresarial Kosmos, propiedad de Gerard Piqué, y ha detectado tres movimientos por valor de casi tres millones y medio de euros sobre los que pide saber dónde han ido a parar.
Se trata de transferencias llevadas a cabo entre cuentas de las empresas del exjugador del Barça al poco tiempo de recibir las comisiones de Arabia Saudí por hacer de intermediario en la venta de la Supercopa de España, según el informe al que ha tenido acceso en exclusivaEl Confidencial.
Supercopa Files
El Confidencial ya contó, en el marco de la serie de exclusivas Supercopa Files, que Piqué se concertó con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y se aseguró unos ingresos totales de 24 millones por la operación de venta de la competición.
Según el informe elaborado por la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción, Piqué ingresó 11,9 millones de euros procedentes de Sela Sport entre 2019 y 2021 (Sela Sport es la empresa pública de Arabia Saudí que financia los eventos deportivos a gran escala con los que la dictadura islamista busca blanquear su imagen en el ámbito internacional).
Ese dinero llegó a través de ocho transferencias a una cuenta de CaixaBank cuyo titular es Kosmos Football SL.
La RFEF desmiente que Rubiales urdiera un plan para pagar comisiones a Piqué por la Supercopa
La Real Federación Española de Fútbol califica de "absolutamente falso" que su presidente, Luis Rubiales, urdiera un plan para pagar una comisión de 24 millones a la empresa Kosmos propiedad del exfutbolista Gerard Piqué para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Ante la publicación por el diario 'El Mundo' de la noticia de este plan para el pago de comisiones a Piqué, el organismo federativo señala que "es absolutamente falso que la RFEF y su presidente hubieran preparado un plan para pagar comisiones a la empresa Kosmos por parte de la empresa pública del Reino de Arabia Saudí con ocasión de la Supercopa".
En un comunicado, la RFEF ha añadido que el autor del informe de la Intervención General de la Administración del Estado emite una "opinión personal sin la más mínima justificación jurídica y sin prueba alguna". "Es una pura especulación, cuya falta de rigor y validez serán debidamente acreditados en sede judicial", apunta.
