Las palabras de Félix Bolaños -pronunciadas esta tarde en los pasillos antes de la sesión de control del Senado- son claras y precisas. Y sin mencionarla expresamente apuntan a la prevaricación del juez instructor, aunque por ahora el ministro de Justicia se ha ahorrado esa palabra.
Porque según él -y preguntado por la imputación de Martín Aguirre- "esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Ahora es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces de este país".
Dicho esto, Bolaños ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre si estaba acusando de prevaricar al juez Peinado y su última decisión judicial: admitir a trámite la querella presentada por Vox y citar como investigado a Delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Según el juez, el Delegado del Gobierno podría haber participado "aparentemente" en la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para la esposa del presidente del Gobierno "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".
las palabras de Bolaños contra el juez del caso Begoña suben el tono del mensaje que llega desde Moncloa en los últimos meses: la campaña de judicialización de la política, conocida como lawfare (guerra sucia desde los jueces) y que a juicio de los más allegados al presidente Sánchez está destinada a desacreditar al Gobierno y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el ámbito público.
((Seguirá ampliación))
