El Servicio Andaluz de Empleo concedió la subvención de 5,8 millones de euros para hacer efectivo el compromiso de financiación para las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras extinguirse las unidades territoriales de Empleo y Desarrollo Local.
La subvención fue con carácter excepcional y se concedió mediante una resolución sin un soporte legal que lo permitiera. Esta decisión es constitutiva de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, según la Fiscalía de Sevilla.
