El Consejo Fiscal celebra este jueves un Pleno que llega precedido de una fuerte polémica por la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de adelantar el cónclave del 19 de junio a este jueves para adjudicar nueve plazas discrecionales, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspira su antecesora inmediata, Dolores Delgado, y que se espera que consiga.
Fue el pasado 11 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la carrera fiscal, un total de nueve, entre las que cabe resaltar dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y contra Delitos de Odio y Discriminación.
Delgado ha presentado su candidatura como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, puesto por el que también compiten otros tres fiscales: Juan Calparsoro, de la Fiscalía de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Especial Antidroga; y Carlos Castresana, que ejerce en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Destaca este último por cuanto fue el candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2021.
El fiscal general tiene la última palabra en nombramientos discrecionales
Desde el Consejo Fiscal dan por hecho que Delgado conseguirá el puesto, según las fuentes consultadas. Y ello porque, aunque la mayoría del Pleno se muestra contraria a esta designación, se trata de un órgano consultivo donde el fiscal general tiene la última palabra en materia de nombramientos discrecionales.
Además, cabe recordar que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.
Delgado ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal el pasado septiembre, un par de meses después de que dimitiera como fiscal general alegando problemas de salud. Aunque ese octubre debía haberse incorporado a su plaza en la Audiencia Nacional, García Ortiz la promovió a fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS), concretamente de la Sala de lo Militar.
En ese Pleno, celebrado el pasado 22 de septiembre, la mayoría del Consejo Fiscal se posicionó en contra de ascender a Delgado a fiscal de sala, ya que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) votaron por otro candidato y solo cuatro vocales --los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las vocales natas: la teniente fiscal del TS María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz-- lo hicieron por la ex fiscal general.
El origen de la polémica
La polémica se desató el pasado martes, cuando se supo que García Ortiz adelantó el Pleno, previsto inicialmente para el 19 de junio, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral al 23 de julio.
Fuentes fiscales señalan que García Ortiz también anticipó el Consejo Fiscal para que los trámites administrativos posteriores a la propuesta de nombramiento no se vieran entorpecidos por el periodo electoral.
Este anticipo provocó que los seis vocales de la AF y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidieran a García Ortiz que suspendiera el Pleno ante la posibilidad de que tras el 23 de julio haya nuevo Gobierno y nuevo fiscal general. De no acceder a ello, APIF propuso que al menos se abstuviera de realizar dicho nombramiento, dadas las "relaciones personales y profesionales" con Delgado.
Sobre esto, la APIF detalló que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la "generosidad" y a "honestidad" de la también ex ministra de Justicia.
Sin embargo, a través de un boletín interno (Infofiscalía), el jefe del Ministerio Fiscal descartó suspender el Pleno esgrimiendo que "no existen razones" que lo justifiquen porque la celebración del mismo en este momento "no constituye una decisión novedosa, sino que mantiene el criterio histórico".
Para justificarlo, citó dos precedentes. En primer lugar, expuso que Consuelo Madrigal --nombrada por el Gobierno de Mariano Rajoy-- propuso la designación del fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo "después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016".
En segundo lugar, García Ortiz recordó que hubo otros cuatro nombramientos discrecionales "una vez disueltas las Cortes Generales el 4 de marzo de 2019 y tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal en fecha 13 de marzo de 2019 y posterior propuesta de la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra", nombrada por Pedro Sánchez.
Acusaciones cruzadas
La mención a Madrigal propició que la ex fiscal general del Estado le exigiera una rectificación por cuanto --según indicó en un escrito-- se trata de "situaciones heterogéneas y radicalmente opuestas".
Así, manifestó que durante su mandato, "estando próxima a expirar la legislatura, pero desde tiempo antes de la convocatoria de las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015", decidió abstenerse de realizar "propuestas de nombramiento, promociones y ascensos discrecionales en aras de la calidad democrática" de su gestión y "con el fin de evitar indeseables tensiones en el seno de la institución".
En el caso de Olayo Eduardo González, la fiscal del TS apuntó que "no extrañó designación para cargo de jefatura, ni promoción o ascenso del fiscal emérito, sino su mera adscripción como fiscal de sala cuando, por haber cumplido la edad de jubilación, ejercía su derecho a prórroga por dos años del que, en otro caso, se hubiera visto injustamente privado". "Se trató, por tanto, de un trámite cuasiautomático", sostuvo.
García Ortiz contestó a través de otro boletín interno en el que insistió en que Madrigal propuso hasta once nombramientos discrecionales tras anunciarse la convocatoria de elecciones generales.
En las últimas horas, AF y APIF han acusado a García Ortiz de manipular la información para desacreditar a Madrigal, reivindicando que "no celebró ningún Consejo Fiscal para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales". Según ha precisado APIF, se celebró después de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara la cita con las urnas en una entrevista.
Además, han reprochado a García Ortiz "la utilización de los medios de comunicación propios de la Fiscalía General del Estado (Infofiscalía) para responder una cuestión particular, en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio".
Por ello, y por la "burda maniobra" respecto a Delgado, la AF ha reclamado su dimisión. "El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible", ha afirmado la asociación mayoritaria en la carrera fiscal.
