Para ello el Ministerio de Justicia tendrá que tener listo y en funcionamiento en un plazo de seis meses el registro de delincuentes sexuales que incluirá datos de ADN condenados por delito de pederastia.
España se incorpora con este instrumento al conjunto de países como Francia y Reino Unido que firmaron en 2010 un acuerdo comprometiéndose a ponerlo en marcha. Este banco de datos impedirá a los delincuentes sexuales optar a cualquier trabajo relacionado con menores, según explicó en la presentación de la Ley, el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso.
Además, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia reconoce el derecho de los menores a ser escuchados en juicios que les afecten. Por otro lado, los hijos de mujeres que sufren violencia de género serán reconocidos como víctimas directas. En procesos de adopción se garantiza a los niños conocer sus orígenes y se favorece la acogida en familia frente a los centros de familia.
