La trama estaba encabezada por un asesor fiscal con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y en la localidad de Maspalomas. Falsificaba las firmas de los empresarios creando contratos de trabajo para inmigrantes irregulares que colocaba a precios que oscilaban entre los 800 euros y los 2.000 euros.
La investigación surgió tras la denuncia de uno de ellos, tras lo que se han practicado 22 detenciones y se estima que la estafa a la Seguridad Social supera los 90.000 euros. El asesor fiscal usaba datos de empresas reales pertenecientes a sus propios clientes legales.
