La sorpresa en el Consejo General del Poder Judicial al elegir a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional ha desencadenado la cuenta atrás para el vuelco de su composición.
Este alto Tribunal que pone a examen la constitucionalidad de las leyes del Gobierno, pasará a tener en breve una mayoría progresista.
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha decidido convocar "de forma inmediata" un Pleno Gubernativo para verificar la idoneidad de los magistrados designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
Plácet a los candidatos del Gobierno y a los propuestos por el CGPJ
El Tribunal de Garantías concederá el plácet a los candidatos que tiene listos ya el Gobierno, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora Laura Díez y a los al fin designados por el Consejo General del Poder Judicial en un pleno de apenas 20 minutos con el que desbloqueó una situación estancada desde junio.
Los progresistas cedieron por responsabilidad institucional, el sector decidió en una reunión del bloque a menos de una hora para que arrancara su pleno, que prescindía de su candidato José Manuel Bandrés.
Todos apoyaron al tándem planteado por los conservadores, el también conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, ambos magistrados procedentes del Tribunal Supremo.
El acuerdo fue posible gracias al perfil y gran prestigio de ambos currículos, capaces de aunar a todos los votos, lo que visibiliza la relevancia de las mayorías cualificadas que Sánchez quiso quitarse de en medio a través de reformas exprés que ya no necesita.
Otro de los aspectos clave que ha influido en la decisión de los progresistas ha sido la oportunidad de que el Tribunal Constitucional consiga una mayoría progresista, especialmente después de que frenase la tramitación de dos enmiendas que buscaban modificar el sistema de elección de sus jueces.
Los vocales progresistas defienden que había que renovar ya el TC por "higiene democrática" y resaltan el conjunto de leyes que están pendientes de revisión en el tribunal: desde la eutanasia a la ley Celáa, la ley de la Infancia o el Ingreso Mínimo Vital, con el polémico recurso del aborto parado en el tribunal de garantías 12 años y aún sin fecha para resolverlo.
Resuelto el bloqueo del Constitucional, queda el del CGPJ
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este martes un paso importante para que España recupere la normalidad institucional al proponer tras varios meses de retraso a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), pero, sorteado ese bloqueo, queda el más grave: el que afecta desde hace más de 4 años al propio CGPJ.
Los vocales que han desbloqueado la renovación del TC llevan 4 años y 23 días en funciones. Su mandato de cinco años caducó el 4 de diciembre de 2018 y, tras varios intentos de acuerdo, alguno de ellos prácticamente cerrado, ahora nadie apuesta por que se renueve antes de las próximas elecciones generales.
Se ha estadio varias veces cerca del acuerdo pero el PP ha roto las negociaciones en el último momento con diferentes argumentos, el último la iniciativa legal del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición.
Los partidos del Gobierno se atrevieron incluso a plantear una reforma para suprimir la mayoría de tres quintos necesaria para esa renovación y con ello sortear el bloqueo del PP. Entonces, Bruselas dio un toque de atención que hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenara retirar la iniciativa.
Ahora, la Comisión Europea insiste en la urgencia de renovar el CGPJ y, una vez completado ese proceso, cambiar el modelo de elección de los vocales.
Consecuencias del bloqueo
Una de las consecuencias del bloqueo es que el CGPJ no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, lo que ha generado ya la acumulación de un total de 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del país, 18 de ellos en el Tribunal Supremo. Y la vacante de César Tolosa no hará sino agravar ese problema.
