Son dos resoluciones sobre dos ayuntamientos concretos del total de consistorios denunciados por la Fiscalía, San Cugat del Vallés y Premiá de Dalt. En esos casos, las mociones de apoyo a la declaración de desconexión de Cataluña se aprobaron antes de que el Tribunal Constitucional dictara sentencia sobre la declaración independentista del Parlament.
La Sala de lo Penal avala el archivo de esas investigaciones por sedición y rebelión porque estos delitos requieren actos concretos incitando a la ciudadanía a cometerlos para conseguir por la fuerza la derogación de la Constitución.
Esos actos concretos se produjeron antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional y de ahí que no proceda investigar. No es el mismo caso que el del Ayuntamiento de Vic, la causa en la que el juez Ismael Moreno ha comenzado a investigar a otras asociaciones catalanas que impulsaron las mociones, porque esa moción de Vic se votó con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional.
