El Tribunal de Cuentas ha detectado varias irregularidades en la puesta en marcha de los proyectos enmarcados en el Plan E, que puso en marcha el anterior Gobierno para las corporaciones locales, con una inversión de 8.000 millones de euros.Ante la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este órgano, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado el informe que constata que los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo.
El fin consistía en realizar obras de competencias municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo, con la reactivación de la economía.Se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y con un desembolso final de 7.836,16 millones de euros.
El plazo de 54 días para elaborar las propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una "limitación" para la "adecuada planificación", que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.
La contratación de trabajadores no se utilizó "como elemento decisorio para la selección de proyectos", dice el informe, que añade que tampoco se siguió la continuidad en sus puestos de los trabajadores.
Según el presidente del citado tribunal, "no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación" y algunas corporaciones destinaron el dinero para ejecutar proyectos, previstos con anterioridad pero que no se habían llevado a cabo por falta de recursos.
