Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar, recoger datos estadísticos y mostrarle publicidad relevante. Si continúa navegando, está aceptando su uso. Puede obtener más información o cambiar la configuración en política de cookies.

Disfruta de la app de Onda Cero en tu móvil.

por la huelga de 2010

Arranca el macrojuicio por el caos aéreo de 2010 con 133 controladores en el banquillo

Comienza del macrojuicio contra 133 controladores acusados de abandonar sus puestos en diciembre de 2010 y de provocar un caos que afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. 119 de ellos ya han alcanzado un acuerdo con la fiscalía para rebajar sus penas y el resto tienen dos semanas para hacerlo. El portavoz de USCA considera que se trata de un "juicio político".

Agencias | ondacero.es
Madrid | 15/01/2020

El portavoz de USCA, Daniel Zamit, niega que fuera una huelga salvaje y culpa del caos al gobierno de Rodríguez Zapatero, que declaró el estado de alarma, cerró el espacio aéreo y militarizó el servicio. Dice que esto es un juicio político, "creemos que es un juicio más político que un juicio jurídico y por tanto, es muy complicado invertir la carga de la prueba. Demostrar nuestra inocencia es complicado porque no nos van a probar la culpabilidad, nos van hacer demostrar nuestra inocencia".

Aquella huelga sólo se solventó cuando el Gobierno acordó el traslado de efectivos militares a los cuatro centros de control claves de España: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias, para garantizar el funcionamiento del espacio aéreo.

En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid que se dará a conocer en el juicio. El resto se enfrenta a cuantiosas multas, de entre 75.000 y 60.000 euros, por abandonar de forma colectiva sus funciones para forzar una negociación laboral.

Su huelga provocó el cierre del espacio aéreo durante cerca de veinte horas, afectando a más de 5.000 vuelos y 700.000 pasajeros.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.