A partir del 1 de enero de 2026, las personas que se jubilen en España se encontrarán con un cambio histórico en el cálculo de la base reguladora de su pensión. Se implantará un modelo dual, fruto del Real Decreto-ley 2/2023 promovido por el entonces ministro José Luis Escrivá. Con este nuevo sistema, la Seguridad Social calculará la pensión utilizando dos fórmulas diferentes y aplicará automáticamente la que resulte más beneficiosa para el pensionista.
Dos fórmulas
En primer lugar, se mantendrá el sistema actual, que suma las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y divide el total entre 350. La alternativa consistirá en ampliar al periodo de 29 años (348 meses), seleccionando las 302 bases más altas y dividiendo el resultado entre 352,33. De esta manera, se descartan los dos años con peores cotizaciones, lo que favorece especialmente a quienes han tenido lagunas laborales o contratos temporales.
El proceso de implantación será gradual. En 2026 ya se aplicará esta comparación entre el cálculo tradicional y la fórmula de 302 bases, pero en los años siguientes se irán añadiendo progresivamente más meses, es decir, en 2027 serán 304 bases, en 2028, 306, y así hasta llegar a 324 bases seleccionadas en 2040, dentro de un periodo de 348 meses.
Posteriormente, entre 2041 y 2043, habrá una fase de transición con incrementos semestrales de seis meses cada año, y a partir de 2044 quedará implementado definitivamente el sistema de 29 años menos los dos peores, sin opción de elección.
Un modelo más justo
Este cambio busca mejorar la equidad del sistema, especialmente beneficiando a quienes han tenido trayectorias laborales descontinuadas. Quienes hayan tenido carreras estables sin lagunas probablemente seguirán encajando mejor con el método tradicional, pero todos se beneficiarán del sistema comparativo, ya que la Seguridad Social aplicará automáticamente la fórmula que reporte una pensión más alta.
Además, se han implementado otros ajustes como el aumento progresivo de la edad y cambios en los requisitos para obtener la pensión máxima. También penalizaciones por jubilación anticipada, todo ello adaptado a una demanda social cada vez más longeva y con trayectorias laborales que cada vez son más variadas.
