Hay otros ayuntamientos gobernados por el PP, Castellón, Onda y Benicarló, que ya se han opuesto abiertamente a cobrar una tasa a discapacitados.
El colectivo de la discapacidad anda muy preocupado por la orden ministerial y por el consiguiente decreto de la Consellería de Bienestar Social, que contempla una revisión conjunta para abonar los servicios de residencia, centros de día, implementaciones que precisa cualquier persona con discapacidad que antes eran prácticamente gratuitas y ahora deben cofinanciarse entre la administración y el usuario, en función de la renta del usuario. Estamos hablando del colectivo de la discapacidad, generalmente no son rentas millonarias ni grandes sueldos, teniendo en cuenta que el acceso al mundo laboral es muy limitado y que el ser discapacitado cuesta dinero, mucho dinero por cierto.
El secretario autonómico, Manuel Escolano, asegura que se mirará caso por caso, la situación de cada discapacitado, para garantizar que nadie en la Comunitat Valenciana pase por una situación de indefensión, lo que pasa es que el colectivo anda descreído. De hecho ya se han producido las primeras situaciones tensas en el caso de la residencia de Vall d´Umbrí de Borriol, donde la dirección ya ha advertido a los usuarios que serán expulsados si no abonan el copago. Desde la administración se ha pedido que no se politicen las situaciones en pro del dialogo y la revisión de la normativa. No obstante, la angustia es para quien depende de ese servicio para vivir y depende de esa paga de discapacidad para subsistir.
La cuerda se tensa, pero no a favor de los más desprotegidos, de quienes el azar de la vida les ha deparado la dependencia. Y no se nos olvide, el talante de diálogo es importante, pero debe ir acompañado de medidas efectivas. Y todos estamos en la ruleta, que no se nos olvide.
