Decía mi abuela, a perro flaco todo son pulgas. Y es que el juzgado número 4 de Castellón ha citado a declarar el 17 de marzo al expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra, y al exvicepresidente, Francisco Martínez, por el método en el que se financiaba la corrida de toros de la Beneficiiencia.
El juzgado tiene abiertas unas diligencias previas como consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía contra Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación, y Francisco Martínez, ex vicepresidente, por supuesto delito de prevaricación. La causa que se investiga tiene que ver con el procedimiento en el que se financiaba la corrida de toros de la Beneficencia.
La instrucción se inició a consecuencia de un recurso presentado por el ayuntamiento de Vila-real, liderado por el socialista José Benlloch, contra cargo al ayuntamiento de 19.850 euros de la recaudación en concepto de entradas de 2010 y 2011 en el que exigía la devolución. El tribunal lo desestimó por una cuestión formal y fue el TSJ el que estimó el contencioso y obligó a la Diputación Provincial, ya con Javier Moliner de presidente, a devolver el dinero. Este fallo instó a la fiscalía a abrir una investigación al ver indicios penales por malversación de caudales públicos y/o prevaricación en la gestión de fondos. El método que llevaba a cabo el anterior gobierno provincial consistía en repartir entradas a los Consistorios y descontar su pago de partidas como la recaudación de tributos, subvenciones o hasta partidas para obras y servicios.
Aunque los hechos que se investigan pertenecen al pasado, lo importante es que se depuren responsabilidades en una provincia donde sobre las instituciones ha pesado la sobra de la duda. No se trata de hacer juicios paralelos, ya que una foto en el banquillo de los acusados defenestra de la política a cualquier personaje público, no obstante, que sea la justicia quien se encargue de despejar los interrogantes que de repente caen como una lluvia ácida sobre Fabra y Martínez.
