Huermur ha pedido al Gobierno Regional que "deje de interceptar" los escritos que se dirigen expresamente al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia y que asegure que llegan directamente a él "sin ningún tipo de intermediación al tratarse de un organismo independiente de la Administración Regional".
Mediante un escrito dirigido a la Secretaría General de Transparencia, Seguridad y Emergencias el pasado 15 de febrero, Huermur ha pedido que "se depuren las presuntas responsabilidades que pudieran haber existido por parte de la Administración Regional y de su personal por acceso indebido a escritos que Huermur ha dirigido al Consejo de Transparencia y que únicamente debieron conocerse en el Consejo para su tramitación".
Según ha explicado a Onda Cero, Sergio Pacheco (director de Huermur) vienen observando que los escritos presentados y dirigidos al Consejo de Transparencia a través de la red SARA (plataforma estatal de registro electrónico para las administraciones públicas) "por lo que sea, no llegan directamente al registro de entrada del Consejo de la Transparencia sino que llegan al registro general de la CARM".
Dice Pacheco que "esto es una injerencia muy grave por parte de la Administración Regional y encima de todo, nos han respondido que no tenemos derecho a preguntar por el destino final de los escritos que presentamos".
Y es que el Director General de Regeneración y Modernización Administrativa, José David Hernández, respondió a Huermur que "esa asociación carece de interés legítimo necesario para plantear esa cuestión". En ese escrito, fechado el 23 febrero, la Dirección General de Regeneración Administrativa sostiene que el "Consejo de la Transparencia es un organismo público dependiente de la CARM".
Según ese escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, el Gobierno Regional estima que la resolución del Presidente del Consejo de Transparencia, Julián Pérez Templado, que se publicó en el BORM el pasado 18 de diciembre, por el que se creaba su propia sede electrónica y con ella su propio registro de entrada de documentos "contraviene el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la CARM. "Las resoluciones administrativas, en ningún caso, pueden contravenir las disposiciones contenidas en una norma de mayor rango jerárquico como es un Decreto". Sin embargo, la Consejería de Transparencia no ha impugnado la citada resolución ante los tribunales de justicia para que sea anulada.
Según ha podido saber Onda Cero, el presidente del Consejo de Transparencia, Julián Pérez Templado, pidió al Consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente que acudiera a los tribunales si de verdad cree que su resolución mediante el que se crea una registro electrónico propio contraviene una norma de rango superior y, por tanto, es ilegal.
El Gobierno niega que esté interceptando documentos dirigidos al CTRM
La Consejería de Transparencia, a preguntas de Onda Cero, ha negado que se estén interceptando escritos dirigidos al Consejo de la Transparencia. "No se intercepta ningún escrito y, además, poner en entredicho la honestidad y buena fe de los funcionarios que trabajan en las oficinas de registro acusándoles de interceptar escritos es totalmente inadmisible".
Según informan desde la Consejería "los documentos presentados en una oficina de registro son remitidos en el acto de manera electrónica y automática al centro de destino que proceda (siendo el CTRM uno de ellos), no interceptándose ningún escrito por parte del la Administración Regional ni a este ni a ningún otro centro de destino". Además, recuerdan que en la Administración Regional existe un "registro electrónico único".
Sobre la autonomía del CTRM, la Consejería de Transparencia reconoce su autonomía orgánica y funcional en el ejercicio de su a actividad y reconoce que posee personalidad jurídica propia, pero añade que se trata de un organismo público vinculado y dependiente de la Administración Regional. "Si el CTRM no estuviera vinculado a una administración este no formaría parte del sector público y no tendría la consideración de administración pública" y señalan que el presupuesto del CTRM está contenido en los presupuestos de la CARM "como prueba de la vinculación entre el Consejo de la Transparencia con la Administración Regional".
"El CTRM es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia con autonomía orgánica y funcional, pero vinculado a la Administración Pública Regional" y añaden que "una de las consecuencias jurídicas más relevantes de todo ello es su sometimiento al derecho administrativo y, en particular, al emanado en el ámbito autonómico" concluyen desde la Consejería de Transparencia.
