La Ley de Atención Temprana que entró en vigor el pasado domingo 9 de enero tras publicarse en el BORM prevé un régimen transitorio que permitirá que los menores de entre 0 y 6 añosque ya están recibiendo servicios de atención temprana en alguno de los centros financiados mediante subvención por parte del IMAS o mediante prestación económica vinculada al servicio, dentro del Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma, continúen acudiendo al centro de desarrollo infantil y atención temprana del que son usuarios para recibir las mismas intervenciones y número de horas que venían recibiendo hasta ahora.
Para acogerse a este régimen transitorio, las familias o representantes legales de los menores deberán solicitarlo, como máximo en el plazo de un mes, acompañando una declaración responsable del director del centro de atención temprana sobre las prestaciones que el centro facilitaba al menor con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley.
Según la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, “gracias a esta norma, más de 4.000 menores de entre 0 y 6 años de la Región, se beneficiarán del servicio que regula, reconoce la gratuidad, y establece la coordinación de las áreas sanitaria, social y educativa de la Administración regional para garantizar la correcta atención del menor y sus familias, así como el procedimiento de valoración y atención de la necesidad de atención temprana”.
Franco asegura que "el documento ha sido elaborado en colaboración con los profesionales de los centros de atención temprana y de las entidades públicas y no lucrativas de la Región que han aportado su amplia formación y experiencia, de más de 30 años”. Con ella, dice Franco, “se pretende proporcionar seguridad a las familias, garantizar la igualdad de acceso al servicio, así como la gratuidad, prevención, inmediatez y calidad del mismo”.
Sin embargo, la Plataforma de Atención Temprana, que aglutina a más de 70 organizaciones de profesionales y usuarios de atención temprana de la Región de Murcia, se ha manifestado en contra de una ley que se aprobó por 23 votos a favor y 22 en contra. Desde la plataforma denuncian que "aumentarán las listas de espera y que la ley, tal y como se ha aprobado, no garantiza la universalidad ni la gratuidad". Lamentan que sus enmiendas a la ley cayeran en saco roto y que la ley se haya aprobado sin el necesario consenso "tratándose de un tema tan delicado".
