La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha anunciado que las medidas cautelares establecidas en el área del Mar Menor permanecerán en vigor hasta que se demuestre, mediante datos científicos y técnicos, que las actividades agrícolas y ganaderas no afectan negativamente a las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas.
Estas medidas se fundamentan en el riesgo químico evidenciado en la red oficial de calidad de las masas de agua gestionada por la CHS, así como en el impacto detectado en el ecosistema del Mar Menor. Su objetivo principal es regular y, en algunos casos, restringir las actividades agrícolas para salvaguardar el dominio público hidráulico y preservar las aguas subterráneas, al tiempo que se permite el desarrollo de una actividad económica vital en la región, como es la agricultura de regadío.
Desde su implementación en julio de 2020, la CHS ha mantenido una comunicación constante con los actores involucrados en el ámbito del regadío, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas. Esto facilitó que, para el período hidrológico 2021-2022, más del 90% de la superficie afectada cumpliera con las medidas establecidas.
Sin embargo, en octubre de 2023, la CHS notificó a las comunidades de regantes la obligación de demostrar el cumplimiento durante el año hidrológico 2022-2023. A pesar de esto, en diciembre del mismo año, el número de expedientes presentados era insuficiente. Por ello, se concedió un último plazo que vence el próximo 29 de febrero.
Con el fin de facilitar la acreditación, la CHS ha emitido instrucciones que permiten que en explotaciones de menos de 2 hectáreas la misma se realice mediante una declaración responsable, proporcionando un modelo para ello.
La CHS reconoce el esfuerzo de las comunidades de regantes y otros titulares de aprovechamientos en la acreditación de las medidas cautelares y se compromete a simplificar el proceso administrativo mediante el desarrollo de una herramienta informática que permita la gestión de la información de forma electrónica.
La confederación destaca la compatibilidad entre una agricultura sostenible y la protección de los recursos hídricos, lo que contribuirá a revertir la situación ecológica del Mar Menor. Además, reitera que las medidas cautelares dirigidas a los agricultores en esta área se justifican en la necesidad de proteger el ecosistema, cumplir con la normativa ambiental, proteger los recursos hídricos y prevenir crisis ambientales en la región. Estas medidas permanecerán en vigor hasta que se demuestre que las actividades agrícolas y ganaderas no representan un riesgo para las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, que constituyen el dominio público hidráulico.
