El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha autorizado el gasto de 7.392.753 euros para la retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas del Mar Menor en 2024, durante nueve meses, para la retirada prevista de aproximadamente 9.500 toneladas, informa el Gobierno regional.
El gasto se hace con fondos propios de la Comunidad y supone un siete por ciento más que en 2023, cuando se realizó con fondos europeos y una cuantía de 6.908.024 euros.
El encargo tiene como objetivo la realización por la Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA) de trabajos de eliminación de acumulaciones de materia orgánica en descomposición en las orillas y aguas someras del Mar Menor que influyen negativamente en la calidad ecológica y paisajística de su entorno.
Se trata de disminuir el impacto que supone dentro del ecosistema y favorecer, asimismo, el desarrollo de las praderas marinas de Cymodocea nodosa y el hábitat de especies clave como el fartet, la nacra o el caballito de mar.
Con estas actuaciones, además, se mejorará el uso público de la laguna al tiempo que se eliminan los elementos peligrosos, contaminantes o de cualquier otra índole que pudieran afectar al Mar Menor o al propio ecosistema.
Los trabajos principales que está previsto desarrollar consisten en la retirada y gestión de material biológico flotante en agua y acumulado en la ribera del mar, así como la retirada de acumulaciones masivas de vegetación flotante, denominada ‘OVA’, en zonas de aguas someras.
En cuanto a la gestión de residuos, está prevista la colocación de contenedores para recoger los residuos vegetales a pie de playa y su traslado entre los tajos, en las zonas establecidas, así como su posterior retirada y transporte hasta el gestor autorizado mediante transportista autorizado por la Comunidad.
Esta necesidad se basa en el ‘Informe sobre la idoneidad y urgencia de retirar biomasa vegetal en descomposición de las playas del Mar Menor’, del grupo de investigación sobre ‘Ecología y ordenación de ecosistemas marinos costeros’ del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia. Este documento, fechado el 25 de mayo de 2020, informa positivamente la puesta en marcha de actuaciones necesarias para revertir la situación de acumulación de materia biomasa vegetal en descomposición.
Educación
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, ha autorizado convenios-tipo de colaboración entre la Comunidad y empresas, instituciones y entidades colaboradoras para el desarrollo de prácticas formativas externas por parte del alumnado de diversos tipos de enseñanzas.
El Gobierno murciano explica que se trata de alumnos matriculados en enseñanzas artísticas superiores, de enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de la Escuela de Arte de Murcia, de enseñanzas deportivas de régimen especial y de Formación Profesional de Grado C dirigida a obtener certificados profesionales.
Las empresas colaborarán con los centros educativos para la formación del alumnado y acordarán un plan formativo. Las instituciones colaboradoras nombrarán a un tutor que será el responsable de coordinar las actividades de los alumnos en prácticas, orientará al alumnado, tendrá relación con el profesor del centro para el seguimiento docente de las prácticas y realizará un informe final de evaluación.
El alumnado no percibirá de la institución colaboradora compensación económica pero la empresa podrá crear una bolsa o ayuda al estudio.
La Comunidad asume el gasto derivado de la póliza de seguro de responsabilidad civil y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos que realice prácticas formativas.
Debido a la obligación del Gobierno central de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas que entró en vigor el pasado 1 de enero, los presupuestos de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo para 2024 incluyen una cuantía de 550.000 euros para hacerse cargo del coste del alta en los centros sostenidos con fondos públicos y que no recaiga en las empresas.
El objetivo del Gobierno regional con esta medida es no poner trabas a empresarios e instituciones a la hora de ofrecer prácticas y fomentar el avance de la Formación Profesional.
