De Lara prorrogó 15 meses el secreto por lo ´grave y complejo de los actos delictivos´

La juez de la Operación Pokemon esgrimió este motivo en el auto de denegación de levantamiento parcial que le pidió el excalde de Ourense para poder defenderse

 

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Juez de Lara | Faro de Vigo

Uno de los apartados más criticados por las defensas de los diferentes imputados en la "Pokemon", entre ellos el abogado del exalcalde de Ourense, fueron los consecutivos autos por los que la juez instructora de esta operación contra la corrupción, Pilar de Lara, seguía prorrogando el secreto de sumario, situación que se mantuvo durante más de quince meses, tras las primeras detenciones, mediante consecutivas prórrogas firmadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, con carácter mensual, lo que aumentaba la inquietud de los imputados.

Pero la juez explica sus motivos. Lo hace en respuesta al recurso de reforma presentado por el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, solicitando el levantamiento parcial del secreto para saber de qué se le acusaba y poder así empezar a diseñar su defensa.

En el auto denegatorio de ese recurso de suspensión parcial del secreto de sumario, Pilar de Lara le explica que esa demora se debe "a la necesidad prioritaria de garantizar el éxito de la investigación" y al menos por otras siete razones más, entre ellas "la complejidad de la propia investigación", en la que hay implicadas, afirma, muchas personas e intereses económicos, así como "la gravedad de las actividades delictivas que se investigan" y en las que aparecía como imputado el propio exalcalde. También alega "la ingente documentación incautada en los registros" como otra de las cuestiones que, según explica de Lara, le impidieron realizar el levantamiento del secreto del sumario hasta casi dos años después de iniciado el proceso. Alega además como freno "el propio volumen de la investigación" y "el nivel de coordinación y complementariedad necesaria entre los cuerpos y servicios que intervienen en las investigaciones".

De hecho solo en el caso del exregidor se habían hecho registros de la vivienda de Ourense en la que residía este y su pareja, así como de otras propiedades familiares de ambos en otros concellos de la provincia, ordenadores e incluso móviles.

El exalcalde indicó en su recurso que dos años eran suficientes para investigar, pero le respondió al respecto que sin embargo hay diferentes etapas desde el inicio de las mismas, en referencia al trabajo de grabación e investigación de los agentes de Vigilancia Aduanera que comenzó en 2011, hasta las primeras detenciones que se produjeron en 2012 y luego una segunda fase, la de instrucción, que arrancó en el mes de septiembre de 2012 y todavía estaba en marcha