Unidas por Mérida ha registrado el escrito de impugnación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se ha adjudicado la realización de la obra para la rehabilitación del Convento de las Hermanas Concepcionistas. Las distintas actuaciones llevada a cabo por el Ayuntamiento y de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida suponen una acumulación sucesiva de incumplimientos de la normativa vigente que tienen como propósito eludir en la medida de lo posible las obligaciones que le impone la normativa en materia de estudio, investigación y conservación de nuestro patrimonio arqueológico.
La negativa del Ayuntamiento y del Consorcio de la Ciudad Monumental a revisar y corregir los incumplimientos y carencias del Proyecto licitado suponen un agresión al sentido común y al interés general de nuestra ciudad, ya que en lugar de aprovechar la única oportunidad posible para excavar una zona tan sensible desde el punto arqueológico, pretenden pasar de puntillas ante la posibilidad de sacar a la luz nuevos restos, que en cualquier otra localidad se convertirían en una prioridad para cualquier cargo público.
El hecho de que el promotor sea una administración pública y que la obra esté ubicada en plena zona de protección especial, es una buena muestra de la falta de escrúpulos que están demostrando el alcalde de la ciudad y los responsables del Consorcio, cuya actitud además de repugnante e irresponsable podría llegar a considerarse delictiva, si finalmente la obra se ejecuta en los términos contemplados en el proyecto.
Entre otras muchas consideraciones, el proyecto aprobado por el ayuntamiento no contempla la obligación de realizar intervenciones más allá de las propias de las comprobaciones que pudieran hacerse en cualquier otro punto de la ciudad, sin que se haya impuesto, ni al redactor del proyecto, ni a la empresa que tenga que ejecutarlo, la obligación de ejecutar excavaciones arqueológicas, en el sentido estricto.
A efectos de lo anterior, resulta especialmente significativo el silencio del ayuntamiento sobre la polémica que ha tenido lugar en las últimas semanas sobre el régimen de excavaciones aplicable a la obra, teniendo en cuenta que el promotor de la obra es el propio ayuntamiento, y que la obra se llevará cabo sobre un proyecto licitado, adjudicado y aprobado por la propia administración municipal.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
La Portavoz, Carmen Yañez, asegura que el recurso presentado por el partido político “no tiene base jurídica, puesto que el proyecto tiene todos los informes preceptivos favorables”, afirma. Según explica Yañez, “se cumple de forma tajante con la normativa y el Plan General de Ordenación Urbana, como así se lo volvió a recordar el Consorcio de la Ciudad Monumental la semana pasada”, incide, “pero no quieren atender ni recibir explicaciones, puesto que su único objetivo es que no llevemos a cabo los grandes proyectos de transformación de ciudad”.
Ya explicó el Consorcio, a respuesta sobre este tema una vez más, que una vez finalizados los trabajos autorizados de demolición y con carácter previo al inicio de las obras, se realizará EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA en las zonas de remoción del subsuelo que plantea el proyecto arquitectónico. “Se deja claro además que, al término de la excavación, se emitirá informe vinculante sobre la necesidad o no de protección e integración de los restos arqueológicos y en su caso, de necesidad o no de modificar el proyecto”, así lo expuso el Consorcio, lo hizo público a los medios de comunicación “pero Unidas Por Mérida pretende de nuevo que sus acusaciones se conviertan en verdad, cuando tienen los informes a su disposición”, explica Yañez.
