El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha mostrado su satisfacción por el archivo de la denuncia que había presentado contra él la Asociación Abogados Cristianos por la retirada de las cruces en los municipios, al tiempo que ha criticado que la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres se pueda recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) después de que haya sido archivada dos veces.
"Es incomprensible que después de dos archivos todavía haya posibilidad de un nuevo recurso. Parece que los primeros que ponen en duda el tema de la presunción de inocencia son los propios jueces y lo digo con toda claridad. No lo puedo entender, aunque lo tenga que respetar", ha subrayado este martes al ser preguntado por este asunto en una rueda de prensa.
Carlos Carlos ha vuelto a reiterar que "jamás la diputación había vinculado de manera directa la concesión de subvenciones al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", y ha aplaudido que "la sentencia que se conoció ayer ratifica lo que dije en su momento y me mantengo en esa posición".
"Así se reconoce en la sentencia e incluso se va más allá, como que no ha habido ningún expediente de reintegro y que todos los ayuntamientos han recibido las subvenciones que han solicitado sin ningún tipo de problemas", ha explicado el presidente, que asegura que siempre ha estado tranquilo con este asunto porque "conocía perfectamente cuál había sido el papel de la diputación en cuanto a la memoria histórica".
En este sentido, ha reiterado que la institución provincial lo que hizo fue constituir un comité de expertos, formado principalmente por profesores universitarios, para que realizaran un catálogo de vestigios franquistas como un servicio más a los ayuntamientos, que son los únicos responsables del cumplimiento de la ley de memoria histórica.
"Eso lo tengo claro desde el principio y la sentencia lo reconoce", ha subrayado el presidente que ha reiterado que "única y exclusivamente" es responsabilidad de los ayuntamiento la retirada de cruces o vestigios franquistas, por lo que en el caso de Cáceres será el consistorio el que tenga que decidir si traslada la Cruz desde su actual ubicación a otro lugar.
El presidente de la institución provincial ha insistido en que el papel de la diputación fue hacer el catálogo como parte del asesoramiento que presta la institución "en cualquier campo o cualquier concepto a los ayuntamientos, en este caso, de la memoria histórica", y aunque la sentencia contempla la posibilidad de recurso el presidente ha dicho que sigue estando "tan tranquilo".
ANTECEDENTES
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres ha procedido al sobreseimiento y al archivo de la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, por el asunto de la retirada de cruces en los municipios.
Según el auto, y tras las pruebas practicadas, tanto documentales como testificales, se ha acordado el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas, considerando que "no se ha encontrado existencia de presiones presuntamente ejercidas por el presidente de la Diputación a diversos ayuntamientos para que retirasen las cruces de sus respectivos municipios, vinculándolo a la recepción o no de subvenciones de la institución provincial".
La Asociación Abogados Cristianos presentó una querella contra el presidente de la diputación cacereña en marzo de 2021 por entender que había vinculado determinadas subvenciones de la Diputación de Cáceres a la retirada de las cruces de los municipios.
La denuncia fue archivada en enero de 2022 y Abogados Cristianos interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres que fue admitido a trámite y por el que se ordenaba a juzgado que tomara declaración como testigos a los alcaldes de Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, quienes declararon que nunca habían recibido tales presiones.
Así las cosas, el juzgado ha archivado la causa pero cabe recurso de reforma y apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
