Personas socias y activistas de Amnistía Internacional se han concentrado la tarde de este pasado sábado en el Templo de Diana de Mérida para visibilizar los recortes de derechos que, aseguran, sufren las mujeres en Afganistán e Irán, así como para condenar la represión que padecen quienes defienden los derechos de todas ellas.
Lo han hecho bajo el lema "Ni violencia, ni discriminación: Derechos para todas", al son de una batucada, con el despliegue de una pancarta y con la lectura de un manifiesto por los derechos de las mujeres en el mundo y, en concreto, de Afganistán e Irán, según ha precisado en nota de prensa este domingo Amnistía Internacional.
En dicha lectura han participado la fundadora de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos y activista de Amnistía Internacional en Madrid, Fariba Ehsan, y la presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, Inmaculada González.
Este acto, que vino acompañado de la iluminación del templo con colores violetas, símbolo de la igualdad de género, se realizó coincidiendo con la 51 Asamblea General Federal (AGF) de Amnistía Internacional en España, la cual ha sido celebrada este fin de semana en el Palacio de Congresos emeritense.
La misma ha reunido a unas doscientas personas socias y activistas de la organización de todo el país, según cifras de Amnistía Internacional, y ha servido para revisar el trabajo realizado en el último año y discutir el próximo plan de acción de la organización.
Durante dos jornadas, Amnistía Internacional ha debatido en Mérida los retos a los que se enfrenta la organización en 2025, en un momento en el que, ha lamentado, "el mundo se está convulsionando, entre otras cosas, por la deriva de las decisiones de Donald Trump, y su impacto en conflictos como el de Gaza o el de Ucrania".
Asimismo, Amnistía Internacional ha hecho hincapié en las graves violaciones del derecho internacional cometidas en los actuales conflictos, incluido el "crimen de genocidio contra la población palestina", el aumento del autoritarismo, los ataques a los sistemas de protección de derechos humanos y los mecanismos de justicia internacionales, el retroceso en derechos de las mujeres y personas LGBTI, la desprotección y criminalización de migrantes o la falta de compromiso con los derechos económicos y sociales, así como la "inacción" de los Estados ante la crisis climática.
