Comparecía hoy en Pleno de la Asamblea, la vicepresidenta primera, y consejera de administración pública, Pilar Blanco-Morales, para informar sobre la situación del Ayuntamiento de Alburquerque. Habla la consejera de una pésima gestión por parte de los responsables municipales del Ayuntamiento pacense de Alburquerque, coloca en una situación insostenible a un gobierno municipal, con unas cuentas en Rojo, con 15 millones de Euros de deudas, y trabajadores municipales y proveedores sin cobrar hace muchos meses, hasta 9 nóminas se adeuda en algunos casos.
La responsabilidad, en base al principio de autonomía local, que se recuerda es constitucional, y muy garantista, lo que impide la celeridad deseada, que si se daría en caso de que dimitieran los gobernantes actuales de la localidad. Es el Ministerio de Hacienda, quien cuenta con las competencias en la materia, y desde el año 2017 se encuentra exigiendo diversos requerimientos al ayuntamiento de Alburquerque, acerca de la situación de sus cuentas, deuda, pago a proveedores y demás aspectos relacionados con el principio de estabilidad presupuestaria. Todo ello, de hecho, significa una tutela financiera sobre el propio ayuntamiento, y una restricción progresiva de esa autonomía que, como último extremo conllevará la disolución de los órganos de gobierno de Alburquerque. Una medida excepcional, que sólo se ha ejecutado una vez, durante toda la democracia en España, en concreto fue en Marbella.
La Junta de Extremadura, dentro de sus competencias ha agilizado sus pagos de tesorería, y ha reforzado las presencias de SES y SEPAD en los recursos municipales de su competencia. Además se han llevado a cabo diversas reuniones, que han desembocado en un Foro informal pero resolutivo que continúa activando mecanismos que llevarán finalmente a la disolución del ayuntamiento.
La oposición extremeña, pedía solicitar la disolución ya, y convocar elecciones.
