La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado cuenta este martes, 25 de agosto, al Consejo de Gobierno autonómico de la autorización otorgada a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para la presentación de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra una serie de preceptos del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Con anterioridad la Administración autonómica había cumplimentado el trámite de requerimiento previo dirigido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, conforme a lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, requerimiento que no fue formalmente atendido en el plazo de un mes fijado en esa norma, explica en nota de prensa la Junta.
La interposición del recurso contencioso-administrativo contra determinados preceptos del Real Decreto 326/2026 se justifica en el hecho de que infringen el ordenamiento jurídico al estar "viciados de incompetencia" y resultar "desfavorables a los intereses" de esta Administración.
Se considera que "no respetan el orden de competencias establecidos en la Constitución Española; en el Estatuto de Autonomía y en la legislación de aplicación y, en consecuencia, son nulos de pleno derecho al estar integrados en una disposición administrativa que vulnera la Constitución y las leyes".
CONFLICTO DE COMPETENCIAS ANTE EL CONSTITUCIONAL
De igual modo, la presidenta de la Junta ha dado cuenta al Consejo de Gobierno autonómico de este martes, día 25, de la autorización otorgada a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para la interposición de conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra los preceptos del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en los términos que se indican en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2026.
En concreto, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno se indicaba que el Real Decreto 326/2026 introduce regulaciones que "exceden" las competencias estatales y afectan "directamente" a las "atribuciones exclusivas" de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda, urbanismo y autonomía financiera.
La interposición del conflicto de competencias se aprobó después de que el Gobierno de España hubiera rechazado "íntegramente" el requerimiento de incompetencia formulado por la Junta de Extremadura, sin atender "ninguna" de las objeciones planteadas por la Comunidad Autónoma.
La respuesta del Gobierno de España --según la Junta-- no corrige las "extralimitaciones" detectadas y "obliga" a la Comunidad Autónoma a "defender" su marco competencial ante el Tribunal Constitucional.
