El PP de Elche ha desvelado este lunes que el Juzgado de Instrucción número 2 ha citado a Marga Antón, concejala de Cultura en el ayuntamiento ilicitano, para el próximo 27 de abril en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación por las exhumaciones de la fosa común de la Guerra Civil realizadas sin contrato en el Cementerio Viejo.
Esa instancia judicial es la que instruye las diligencias previas a raíz de la demanda que interpuso el propio PP al conocer que los trabajos de exhumación se había realizado en toda su primera fase, sin que el pertinente contrato estuviese firmado.
Los trabajos ejecutados sí habían sido contratados mediante concurso público. Comenzaron en el mes de agosto de 2021 y no fueron paralizados hasta el 21 de octubre cuando, según denuncia el PP, “se tenía conocimiento de las irregularidades desde septiembre”.
“La señora Antón ha sido incapaz de responder los motivos por los que no se paralizaron las obras de exhumación hasta el 21 de octubre cuando se tenía conocimiento de las irregularidades desde septiembre, incapaz de responder los motivos por los que no existía contrato, incapaz de responder por qué no se respetaron los plazos de alegaciones de interesados, o que el equipo técnico de elaboración del proyecto estuviera formado por cinco miembros de la empresa que finalmente sería la adjudicataria. Incapaz de responder sobre la coincidencia exacta del valor del proyecto que realiza la concejalía de Cultura con la propuesta que realizaría posteriormente la empresa adjudicataria”, ha explicado este lunes Claudio Guilabert, portavoz del PP de Elche, que en una comparecencia pública ha añadido que “ahora, esa falta de respuesta, esa incapacidad manifiesta de la señora Antón de rendir cuentas ante la oposición será investigada por la Justicia”.
“En ningún momento pretendemos judicializar la vida política, pero desde el PP no vamos a ser cómplices de las continuas irregularidades que se comenten en el Ayuntamiento por parte del PSOE y Compromís”, ha defendido Guilabert.
Después que trascendieran los hechos ahora investigados judicialmente, el equipo de gobierno solicitó un informe a la Secretaria Municipal sobre lo ocurrido que finalmente concluyó que las exhumaciones se realizaron sin contrato por una “irregularidad administrativa” motivada “por un error técnico”. También apuntó que “no hay responsabilidad penal ni perjuicio económico”.
El alcalde de Elche ha reiterado en sus manifestaciones públicos que el gobierno local se encuentra “tranquilo” ante la polémica y ha acusado al PP de “intentar destruir al adversario política”.
