El ejemplo de dos madres ilicitanas

El futuro. Las personas con diversidad funcional que asisten a colegios específicos, acaban su etapa de escolarización obligatoria a los 21 años. Lo que ocurra después dependerá́ de varios factores. Si el alumno tiene cierto grado de autonomía, podrá́ continuar sus estudios en los llamados centros ocupacionales; en cambio, aquellos que tienen un alto grado de dependencia, generalmente terminan recluidos en sus casas o son enviados a centros a los que acuden diariamente o en los que permanecen internados.

El coraje. Raquel Gómez y Yolanda Trigueros son dos madres ilicitanas que hace cuatro años decidieron fundar la asociación Anoa-Elx. El objetivo principal era, y sigue siendo, garantizar un espacio educativo postobligatorio al alumnado del colegio de educación especial ‘Virgen de la Luz’ que se quedaba sin posibilidades de ingresar a centros ocupacionales, para que no terminaran recluidos en sus casas o en centros de día que no tienen un enfoque educativo, sino que brindan una atención más asistencial.

El ejemplo. La labor que llevan a cabo Gómez y Trigueros, de forma voluntaria, implica atender a medio centenar de niños ilicitanos y sus familiares en espacios como el centro de día educativo, los respiros de fin de semana o las salidas al entorno. Anoa-Elx consigue financiación a partir de subvenciones públicas como las de la Diputación Provincial, recursos públicos ofrecidos por el Ayuntamiento de Elche o donaciones privadas de empresas como Pikolinos o La Caixa.

El problema. En España, desde los años 70 del siglo pasado, las familias de las personas con diversidad funcional se han encargado de garantizar y gestionar la atención futura de sus hijos, a partir de asociaciones que son lideradas por mujeres, en la mayoría de los casos. El papel de estas organizaciones sin fines de lucro, como la coordinada por Gómez y Trigueros, ha sido el de asumir el papel del Estado para darle a sus hijos calidad de vida. El problema es que estas asociaciones sobreviven en medio de una incertidumbre económica, política y social.

¿La solución? Seria interesante contar con la experiencia de las asociaciones como Anoa-Elx para repensar el modelo de atención a personas con diversidad funcional a partir de los 21 años, desde un enfoque más educativo y menos asistencialista. Mejor aún sería contar con la voluntad del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno autonómico, para generar iniciativas mancomunadas que permitan garantizar la estabilidad de estos centros. Estas dos madres han soñado un mejor futuro para sus hijas y lo han hecho realidad. ¿Es posible que nuestras instituciones sigan su ejemplo?