El auto señala que no se tuvo en cuenta el riesgo de terremotos. La juez sustituta de Vinaròs, Carmen Ballesteros, respalda de esta forma la denuncia presenta por la Fiscalía provincial de Castellón hace unos días.
El primer bloque de imputados responderá a responsabilidades por el decreto de concesión del proyecto, en 2008, la aprobación de impacto ambiental de 2009 y la autorización administrativa para el desarrollo del almacén en 2010.
Algunos de los imputados son ex altos cargos del anterior Gobierno, como: José Manuel Escanilla, ex consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich, ex subdirector adjunto de Evaluación Ambiental y María Jesús Rodríguez, ex directora general de Calidad y Evaluación Medioambiental, además también imputa al ex director general de política energética, Jorge Sanz.
Los otros llamados a declarar son cuatro altos cargos del Instituto Geológico y Minero y miembros directivos de la empresa ESCAL UGS, entre ellas Recaredo del Potro, presidente de la entidad.
En septiembre de 2013 se produjeron más de 500 seísmos en el norte de la provincia de Castellón.
El gobierno abonó en noviembre 1.350 millones de euros como compensación por la paralización e hibernación de la planta.
