La portavoz de los familiares de los fallecidos, Carmen Marchante, insiste en que el albergue no tenía licencia de actividad y que el ayuntamiento y la Generalitat, autorizaron su uso.
Las familias reclaman una indemnización de más de 2 millones de euros y denuncian que el fiscal sólo ha comparecido en una de las muchas testificales.
Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2005 en una celebración de una fiesta de cumpleaños que incluía la actuación de un grupo de música y la posibilidad de pernoctar en el albergue por 14 euros.
