García ha detallado también las alegaciones al anexo número 1, por el que 11 municipios que salen del Dominio Público que se excluyen y pasan a ser patrimonio del Estado, por lo que quedan menos protegidas según García, quien abogaba por evitar nuevos derrumbes como los casos de Oropesa y Almenara.
Las aportaciones serán recabadas por la Diputación hasta el 20 de agosto para presentarlas tanto al Ministerio como a la conselleria de Medio Ambiente y a la Federación Española de Municipios y Provincias. García ha anunciado que esta semana habrá un borrador de las alegaciones que se presentarán a mediados de agosto ante el Gobierno Central, a la espera de la fecha de la exposición ante la Comisión Europea.
la Diputación de Castellón creó hace dos años la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense con el objetivo de defender, desde una visión supramunicipal, a aquellas personas, poblados marítimos y municipios cuyas viviendas y propiedades públicas y privadas se ven afectadas por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988.
Las localidades afectadas, cuyos representantes se han dado cita hoy, son Alcalá de Xivert, Almenara, Almassora, Benicarló, Burriana, Cabanes, Castellón, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes.
