La Comunidad de Madrid considera que estos proyectos han conseguido alarmar a los principales operadores jurídicos de España, como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). Además, añade, suponen un ataque al Estado de derecho y ponen en peligro el modelo de libertades y convivencia firmado por los españoles en 1978.
Para la Puerta del Sol "el proyecto para la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal supone una transgresión de los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Además, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones las asociaciones mayoritarias de estos profesionales, ataca la independencia judicial".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid alerta por último de que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley que modifica la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reforma competencias del Consejo Fiscal que lo alejan del modelo de la fiscalía europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado.
