Barcelona ordenará el cierre de 256 pisos turísticos ilegales

En rueda de prensa junto a la concejal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, Sanz ha explicado que los visualizadores han detectado 234 pisos que recibirán la orden de cierre y una sanción de 30.000 euros, mientras el trabajo de los inspectores --que ha sido reforzado con ocho efectivos, alcanzando los 20-- ha permitido tramitar otras 22 órdenes de cierre.

Además, el equipo de 20 visualizadores activo desde el 1 de julio --que han detectado diez veces más pisos ilegales que por la vía de inspección en este mes-- ha localizado 126 pisos legales que no publican la licencia, por lo que serán sancionados con 3.000 euros.

Estos visualizadores, que han sido contratados a través de los planes de empleo municipales, han realizado del 1 de julio al 1 de agosto 738 búsquedas en Internet de anuncios de pisos turísticos sin número de licencia, y han hecho 509 visualizaciones a pie de calle, que han permitido identificar estos 234 pisos turísticos ilegales.

Este equipo ha realizado 373 encuestas a turistas --que han facilitado la dirección en la que se alojan en 27 casos--, y ha localizado 118 direcciones de pisos mediante conversaciones con vecinos y observación en la calle, que se están examinando para comprobar si cuentan con licencia y si se adecuan a la legalidad.

El cuerpo de inspectores --que también ha sido reforzado en los distritos, con cuatro más, alcanzando los 49, que se suman a los 20 de ciudad-- ha realizado 521 inspecciones de viviendas de uso turístico durante este mes, de las que han derivado 184 expedientes, 22 órdenes de cierre y 102 sanciones de 30.000 euros.

Sanz ha destacado que han comprobado en este mes que el trabajo de los visualizadores es más ágil que el de los inspectores --que deben visitar el piso en dos ocasiones, entre otros trámites--, y ha apostado por seguir reforzando el cuerpo de inspección, ya que existen situaciones en las que no pueden actuar los visualizadores.

Preguntada por los periodistas, Pin ha explicado que, en la vía de la inspección, desde que se produce la denuncia hasta que se efectúa el cierre del piso pueden pasar entre seis meses y un año, y Sanz ha detallado que las órdenes de cese a estos 256 pisos ilegales están en trámite y serán recibidas los próximos días.

Actualmente hay en trámite 1.015 órdenes de cese y 682 expedientes sancionadores por las actuaciones previas al plan de choque --en 2014 se emitieron 242 órdenes; en 2015, 533, y 112 hasta julio--, y 61 pisos han dejado de operar y se han resuelto 31 sanciones de 30.000 euros.

Sanz ha explicado que se han resuelto sendas sanciones de 60.000 euros a las plataformas Airbnb y Homeaway iniciadas en septiembre del año pasado, que ahora están pendientes de cobro, tras lo que, si se comprueba que reinciden y publicitan pisos sin licencia y sin colaborar con el Ayuntamiento, podrían ser multadas con hasta 600.000 euros.

El Ayuntamiento también ha abierto expedientes a dos residencias de estudiantes situadas en los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc por actuar como hoteles pese a disponer de permiso para residencia y estar ubicadas en terrenos cualificados de equipamiento, lo que puede comportar sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros.

Además, sancionará a 34 propietarios de pisos turísticos que no han resuelto problemas de los vecinos con 1.000 euros, y pronto se resolverá la orden de cierre de tres edificios en el Eixample, en Sant Martí y en Ciutat Vella que operan como pisos turísticos y representan un total de 40.

Pin ha explicado que la web que habilitó el Ayuntamiento para que los ciudadanos y turistas puedan alertar de pisos turísticos ilegales ha recibido 375 avisos que, sumados a los registrados por el servicio de recepción de incidencias, alcanzan 406 direcciones que actualmente se están investigando y pasan a la vía de inspección.

La concejal ha recordado que el Ayuntamiento ha empezado a enviar cartas a los vecinos para informarles de la situación de los pisos turísticos ilegales y la tramitación para cerrarlos, que se han enviado por el momento a 21.000 viviendas del barrio de Sant Antoni y continuará luego por el resto del Eixample hasta llegar a 807.000 vecinos en octubre.

Preguntada por la prueba piloto impulsada hace un año para que propietarios de pisos ilegales los ofrecieran para alquiler social condenándoles parte de la multa, Pin ha insistido en que nadie se ha acogido porque "no salía a cuenta" con la sanción de 15.000 euros, que se ha aumentado a 30.000 para facilitar que participen en este tipo de propuestas.