Hoy se ha celebrado la Comisión Sectorial de Justicia, una reunión telemática preparatoria del Pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo y que, por primera vez, tendrá lugar en Palencia. En la sesión, presidida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, han participado representantes del sector de las comunidades autónomas con competencias transferidas. Durante el encuentro, al que también ha asistido la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, se ha analizado el estado de ejecución del Plan Justicia 2030/PRTR, así como la situación del proyecto de implantación del Registro Civil y los avances en el estándar de rehabilitación sostenible para los edificios de la administración de Justicia. Igualmente, se han creado dos grupos de trabajo en materia de teletrabajo y para la gobernanza en la ejecución del RD 6/2023 de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
En la Comisión se ha adelantado que, con motivo de la Conferencia Sectorial de Palencia, la ciudad acogerá en la víspera, 29 de febrero, un evento dirigido a mostrar y poner en valor las diferentes iniciativas impulsadas por las comunidades autónomas con las competencias transferidas, así como por parte del Ministerio en su territorio de competencia, en materia de justicia de los cuidados. Estas iniciativas tienen que ver con la accesibilidad física de los edificios; la señalética; y la accesibilidad a otros niveles, como es el caso del lenguaje claro y el acompañamiento de personas mayores o en situación de vulnerabilidad, para alcanzar una mayor comprensión y acceso universal efectivo al servicio público de Justicia. La Conferencia Sectorial de Justicia es el órgano de cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas con competencias transferidas, y su objetivo es desarrollar una actuación coordinada en materia de Justicia, bajo los principios de lealtad institucional, cooperación y respecto recíprocos.
