(ICAL) El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, admitió hoy la "preocupación" del Ejecutivo ante el incremento de la incidencia acumulada del COVID-19 y añadió que se estudia la implantación de restricciones, si fuera necesario para atajar la saturación hospitalaria, en el colectivo de personas no vacunadas, que de forma voluntaria han decidido situarse en la zona de "riesgo".
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Francisco Igea explicó que la respuesta al aumento de la actividad del virus de momento no se está dejando sentir en las unidades de hospitalización y UCI, que señaló de forma lenta van reduciendo su ocupación de enfermos de coronavirus. Además, señaló que se vigila la evolución y aparición de las nuevas variantes por parte de los profesionales de la Salud Pública.
De esta forma, el vicepresidente aclaró que España no es una "isla" y que los servicios de prevención "no están relajados" y que se puede mantener el nivel de actividad actual, siempre que se mantengan las medidas preventivas. Además, indicó que se va a analizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dependiendo de la evolución de la saturación hospitalaria, la posibilidad de extender prácticas como la de Galicia u otras comunidades de exigir el certificado COVID en lugares cerrados, abiertos al público.
"Esto no está más que en periodo de estudio, no es este el momento, pero empieza a preocuparnos la subida de incidencia", dijo y añadió que la petición de los usuarios del AVE a Renfe, de exigir el certificado de vacunación a los que se suban a un tren, va en la línea de lo que la Junta haría si subiera la incidencia, ya que recordó que los lugares cerrados son los de mayor riesgo. Además, indicó que las restricciones deben aplicarse a quien más riesgo personal tiene de contraer la enfermedad y de transmitirla.
De hecho, el vicepresidente recordó que en su viaje reciente a Bruselas pudo comprobar que no se entra en ningún lugar sin enseñar el Código QR. "Vamos a intentar evitar las medidas restrictivas", dijo, pero recordó que lo lógico es que sean para las personas no inmunizadas. "Todo el arsenal de medidas tiene que estar a disposición en el caso de que las cosas vayan más allá de lo que esperamos", dijo.
Finalmente, Igea reconoció que existe preocupación por la situación del personal de los centros sociosanitarios que no están vacunados, pero recalcó que la inmunización contra el COVID-19 no es obligatoria en España y que la Junta solo puede tomar medidas que no vulneren los derechos de las personas. Por ello, deja en manos de las empresas la exigencia de condiciones a sus trabajadores.
