(ICAL) El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente presentó hoy una queja ante el Defensor del Pueblo europeo tras la “inacción de la Comisión Europea respecto a las infracciones ambientales de cuatro centrales térmicas en Castilla y León” por “haber vulnerado los principios de Buena Administración”, después de “no pronunciarse” sobre una denuncia registrada en marzo de 2020 en la que se aseguraba que Castilla y León no exigió a las centrales térmicas de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla el informe obligatorio que permite determinar si se han contaminado el suelo o las aguas subterráneas de sus emplazamientos.
Según explicó el IIDMA, la Directiva europea sobre las Emisiones Industriales considera esencial garantizar que las instalaciones que trabajen con sustancias peligrosas no contaminen el suelo ni las aguas subterráneas de sus emplazamientos, para lo que obliga a sus titulares a elaborar un informe base que al cesar definitivamente la actividad permita comparar el estado de las áreas en riesgo y determinar si se ha producido contaminación.
Las centrales de carbón de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla debieron realizar este estudio base en el año 2014, cuando solicitaron la actualización de sus autorizaciones ambientales. Sin embargo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta actualizó los permisos sin exigir los informes obligatorios, lo que ha llevado a que, una vez cesada la actividad de estas centrales entre 2018 y 2020, no ha sido posible determinar el nivel de daño ambiental provocado sobre estas áreas, al no existir un informe previo con el que realizar una comparación.
Este fue el motivo por el que el Instituto Internacional denunció en marzo de 2020 “el mal proceder de Castilla y León ante la Comisión Europea”, debido a que la falta de estos informes “hace imposible determinar si se ha producido un daño ambiental significativo, así como solicitar medidas reparadoras a los operadores en caso de haberse producido”, como la obligación de controlar, reducir o eliminar las sustancias peligrosas si además de la contaminación se determinase que existe un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente.
En su denuncia, el IIDMA solicitó la apertura de un procedimiento de infracción contra España por vulnerar la legislación ambiental de la Unión Europea pero un año y once meses después, la Comisión Europea sigue sin pronunciarse al respecto.
Ante la inacción por parte del citado organismo el IIDMA presentó hoy una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo, al considerar vulnerados los principios de Buena Administración reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, así como las reglas que rigen la tramitación por la Comisión de este tipo de denuncias y sus plazos de instrucción.
El IIDMA fundamenta su reclamación en el hecho de que la Comisión Europea ha superado el plazo límite de un año para investigar las denuncias registradas en este organismo y tampoco ha informado al denunciante sobre este retraso. Asimismo, no ha contestado a la carta enviada en noviembre de 2020, en la que se solicitaba información sobre el estado de su denuncia.
Tanto con su denuncia de 2020, como con la queja presentada esta mañana, el IIDMA puso de relieve que pretende “velar por una protección efectiva del medio ambiente durante el proceso de descarbonización de España”, cuyo objetivo es “alcanzar la neutralidad climática antes de 2050” porque “la eliminación del carbón no puede trasladar el problema a otro sector del medio ambiente”, ante lo que “es esencial que no se produzcan impactos ambientales adversos en el proceso de descarbonización”.
Por este motivo, consideraron “fundamental” garantizar que el cierre y el desmantelamiento de las centrales de carbón en Europa no impliquen la contaminación del suelo ni de las aguas subterráneas donde han operado durante décadas”. En este sentido, debido a que las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla se encuentran actualmente en la fase inicial de desmantelamiento, el IIDMA aseguró que “velar por un procedimiento seguro es una prioridad”.
