Trabajadores de las cárceles de Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan se han sumado a la movilización convocada en Madrid

Los funcionarios de prisiones piden que se abra un marco de negociación

Los funcionarios de prisiones de la provincia de Ciudad Real participan hoy en las protestas convocadas frente al Ministerio del Interior como medida de presión para abrir un marco de negociación.

Ángeles Díaz-Madroñero

Valdepeñas | 17.10.2018 06:00

Los delegados de los sindicatos de Instituciones Penitenciarias CCOO, UGT, CSIF y ACAIP de los Centros Penitenciarios de Herrera de la Mancha, en Manzanares, y Alcázar de San Juan, se han sumado al resto de delegados de las cárceles españolas en esta acción de protesta.

Algunos se han encadenado desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde frente al Ministerio del Interior en Madrid, en un último intento de conseguir una vía de negociación antes de llegar a la convocatoria de huelga prevista para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de Noviembre en todos los centros penitenciarios del país.

María José Muñoz, de UGT, ha recordado que las principales razones para estas medidas de protesta son la falta de personal en las cárceles y el incremento del número de agresiones que sufren los funcionarios penitenciarios.

A esto hay que sumar, ha explicado Muñoz, que el pasado 25 de septiembre, en una reunión entre representantes de Interior y representantes sindicales, la administración presentaba una oferta de incremento retributivo en el complemento específico mediante una reclasificación de categorías de los Centros Penitenciarios en tres años. Pero tres días después el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis González, retiro esa oferta.

Para los sindicatos esta situación es surrealista e irresponsable y piden a la Administración Penitenciaria que vuelva a poner sobre la mesa esa propuesta como punto de partida para negociar un acuerdo.

Las organizaciones sindicales llevan movilizándose desde principios de año. La toma de posesión del nuevo Gobierno y el nombramiento de nuevos responsables en el Ministerio de Interior generó una esperanza de poder solucionar el conflicto. Sin embargo, la sucesión de acontecimientos ha derivado en esta situación que los sindicatos han definido como una falta de respeto al colectivo de trabajadores de prisiones.