martes 16 noviembre 2021

Informativo Más de Uno Cantabria 8.20h 16/11/2021

Sanidad elabora un manual que otorga al personal administrativo la gestión de las citas en Atención Primaria

Teresa Díez

Santander | 16.11.2021 08:36

UGT rechaza que sea el personal administrativo del SCS quien decida las consultas de pacientes con sus médicos en Atención Primaria. El sindicato critica un manual de gestión compartida que genera riesgos innecesarias de los que no pueden ser responsables los trabajadores a los que se les dan funciones que no les corresponden.

Una veintena de colectivos ecologistas, sindicatos y partidos –unidos en Iniciativa Cantabria Sostenible- asegura que el proyecto de ley de Suelo es una amenaza para el mundo rural. Denuncian que la norma enmascara el fracaso de los políticos cántabros que no saben que hacer con el medio rural. Sostiene que no son capaces de dar una alternativa económica moderna y en positivo para el campo.

El estudio de arquitectura madrileño ha ganado el concurso de ideas para la rehabilitación de la antigua fábrica de La Lechera, en Torrelavega, como centro cultural con un proyecto que transforma espacios fabriles en culturales y los entrelaza.

La propuesta de Archs&graphs plantea un espacio luido para el museo, que albergará la Colección Norte, el centro cultural y el espacio para talleres, como indica José Antonio Ruiz Jiménez, con su proyecto denominado ‘Entrelazarte’

La Policía Local de Santander ha detenido al portero de un establecimiento hostelero situado en la calle Alcázar de Toledo por agredir a un hombre y producirle varios cortes en la cara.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha abierto juicio oral contra el que fuera supervisor de la Filmoteca de Cantabria en los años 2017 y 2018 por existir indicios de que se apropió de 35.000 euros de la taquilla. En junio de 2019 la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte interpuso una querella penal contra el funcionario Marcos Ruiz Sehara tras detectar un desfase en la contabilidad de la recaudación de las taquillas. La fiscalía pide año y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público.